Un dicho popular mexicano reza: “que tu cola sea bien corta para que tu lengua pueda ser bien larga”. Los colombianos utilizamos uno similar que es también bueno: “no te arrimes al fuego si tienes rabo de paja”. Los dos reflejan una gran sabiduría y nos recuerdan que no se puede señalar a los demás de hacer algo incorrecto cuando uno tiene comportamientos similares.
En ningún lugar u ocupación es más importante no tener rabo de paja que en la administración de justicia. Juzgar a inocentes y culpables, para absolverlos o condenarlos, requiere el principio de la absoluta transparencia. Por eso, desde la antigüedad, siempre se ha considerado que los funcionarios que deben reunir las mayores calidades son los magistrados. El en ápice de la pirámide social estaban los jueces pues eran personas intachables y cuya ética de vida era ejemplo para todos los demás. Nadie podía cuestionar sus decisiones pues se consideraban personas probas, independientes y equilibradas. En la Biblia los llaman “Justos” lo que también significaba “buenos”.
Desde hace algunas semanas, uno de los temas del debate nacional es el efecto que tendría sobre la Fiscalía General de la Nación, la figura de Carlos Alonso Lucio. Este rocambolesco personaje ha tenido relaciones con la crema y nata de la criminalidad en Colombia. Fue guerrillero indultado, amigo de los poderosos carteles de narcotraficantes del Valle, asesor de los paramilitares y ha tenido una agitada vida bordeando siempre los límites de la ley. Es apenas lógico que exista preocupación por la posible influencia que pueda tener sobre las decisiones de la Fiscalía, los vínculos del señor Lucio.
La sociedad tiene todo el derecho a estar preocupada pues, como también reza el adagio popular, “la mujer de César no sólo debe ser sino también parecerlo”. No es bueno que una institución como la Fiscalía General de la Nación genere dudas ni suspicacias. Tampoco es saludable que quienes son investigados por delitos, que tengan que ver actividades del señor Lucio, se pregunten si esto los favorece o los perjudica. Nos es bueno que la Fiscalía tenga que dar explicaciones y esté contrapunteando con quienes tienen dudas sobre si existe o no impedimentos o inhabilidades para ejercer una labor tan delicada como la de investigar a los ciudadanos. Tampoco es bueno para quienes trabajan en la Fiscalía situarse en la incómoda posición de incomodar o no incomodar a sus superiores.
Algunos sostienen que la vida privada de los funcionarios públicos no debe ser objeto de escrutinio público. Yo comparto esa tesis sí y sólo sí la vida privada no incide en las decisiones como funcionario público. Desde el momento que traspasan esa línea o se sospecha que puede existir algún tipo de influencia, la vida privada deja de ser privada. Para eso se inventaron las inhabilidades e impedimentos; para que los funcionarios públicos declaremos si existen intereses particulares que puedan sesgar el ejercicio de la función pública. Los impedimentos no son teóricos sino reales y deben ser declarados públicamente. Al declararse impedido se acepta que existen realidades familiares, económicas, políticas o éticas que le impiden a uno ejercer su función con la independencia requerida.
No sobra en este caso recordar que los impedimentos son además la mejor manera de demostrar la transparencia con la que se actúa.
