Resultan innegables. Los indicadores sociales de Bogotá tuvieron una destacada mejoría en los últimos 12 años. Son inocultables a pesar de la izquierdofobia que hace carrera en los pasillos de las entidades distritales. La pobreza cayó, si se mide por cualquiera de las metodologías existentes. En menor medida, la desigualdad, según el índice Gini, también cedió. Ello gracias a que la agenda social se constituyó en la prioridad de la acción pública. Y a que se consolidó una batería de políticas sociales universales en salud, educación y seguridad alimentaria, combinada con políticas específicas para atender poblaciones con vulnerabilidades especiales.
Pero la agenda social no es estática. Nuevas y crecientes demandas sociales deben ser atendidas adecuada y oportunamente por los Estados. Derechos ciudadanos que han estado ocultos o en la marginalidad, saltan, muchas veces intempestivamente, a la escena pública. Capacidad para anticiparse o reaccionar a los acontecimientos constituyen virtudes propias del buen gobierno. Y la gobernanza exige oídos siempre abiertos y capacidad de concertación para vincular la sociedad a las tareas públicas. Y ello debe hacerse sin abandonar las políticas y programas sociales que atienden variables estructurales generadoras de pobreza y desigualdad. En el caso de Bogotá, nos estalló en los últimos días el complejo problema social del habitante de calle, luego del operativo de recuperación de la zona del Bronx en pleno centro de la Capital. Parece que en este caso, lo que nos sobró en materia de política de seguridad, nos faltó en política social. Muchos de los que aplauden el operativo policial, se atreven a señalar que hubo improvisación en la puesta en marcha de todos los dispositivos institucionales de atención social para esta población especialmente vulnerable.
El gobierno de Enrique Peñalosa ha acudido a las ofertas de atención que tradicionalmente se usan en estos casos. Y le ha pedido a la Corte Constitucional que cambie su jurisprudencia para que el Estado pueda declarar interdicto al habitante de calle y poder conducirlo coercitivamente a los centros de atención y recuperación. Me temo que la Corte no dará marcha atrás y que ha faltado audacia para imaginar soluciones innovadoras y originales que acompañen las modalidades habituales. Hay que reconocer que según los estándares universales, en promedio por cada 3 habitantes de calle que deciden rehabilitares hay 7 que deciden mantenerse en la adicción y en la indigencia. Y que están expuestos a ser utilizados por estructuras criminales. Una estrategia de consumo controlado, apoyado en entidades no gubernamentales especializadas en la atención de este tipo de población, puede resultar eficaz en la protección y atención integral de los derechos de esta población, rompiendo su relación con organizaciones y mercados ilegales, que ocurre generalmente a través de la provisión de drogas para satisfacer su adicción.
Bogotá tiene cuatro grandes retos en materia de política social. Además de la reingenería que debe hacer a su política hacia el habitante de calle, debe poner atención en el vendedor ambulante, la población recicladora y las víctimas de la violencia. Estos cuatros segmentos poblacionales concentran los mayores riesgos y las más graves vulneraciones a sus derechos. Cuantitativamente estamos hablando de 14 mil habitantes de calle, 120 mil vendedores ambulantes, 20 mil recicladores y más de 400 mil víctimas. Hacia todos ellos se han ensayado soluciones que deben ser evaluadas sin prejuicios ideológicos para dar continuidad a los aciertos y para diseñar nuevas y audaces ofertas públicas en una perspectiva de derechos.
El Alcalde Enrique Peñalosa está a tiempo de reaccionar con imaginación ante la crisis social derivada de la recuperación del Bronx. También está a tiempo de movilizar todos los recursos institucionales para colocar la ciudad a la altura de estos retos sociales. Y para no caer en la tentación, muchas veces promovidas por malos consejeros, de desmontar importantes programas sociales que han mostrado sus aciertos.
