El largo pleito que involucra a Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el caso de la Zona Franca de Occidente, ubicada en Mosquera (Cundinamarca), terminó este martes 9 de marzo tras una decisión del Consejo de Estado.
La sala plena de la alta corte determinó, con una votación de 17-9, que no se demostró la existencia de una violación a la moralidad administrativa en este caso y que tampoco se comprobó un supuesto favorecimiento a los hijos del exmandatario para la aprobación de esta zona exenta de impuestos.
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El proceso inició tras una acción popular que interpuso el periodista Felipe Zuleta en 2010 contra la DIAN, los ministerios de Hacienda y de Comercio y la Comisión Intersectorial de zonas francas.
En ella, alegó que Tomás y Jerónimo Uribe habían resultado favorecidos en la decisión que le dio vida a esa zona franca, en la cual hay unos terrenos que son de su propiedad.
Zuleta aseguró que la DIAN, los ministerios y la Comisión habían intercedido en favor de los hijos del expresidente Álvaro Uribe para que se declarara esa área geográfica como zona libre de impuestos. Esta acción, según la demanda interpuesta, era irregular.
Sin embargo, en 2011 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la acción popular al considerar que "no hubo irregularidades" ni favorecimiento en favor de Tomás y Jerónimo Uribe.
La decisión fue impugnada y por esa razón llegó al Consejo de Estado, corporación que también consideró que no se demostró la existencia de una violación a la moralidad administrativa. Con la decisión se dejó viva a la Zona Franca de Occidente.
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La determinación de la sala plena de la alta corte se tomó al ser derrotada la ponencia del magistrado Alberto Montaña, quien tenía en sus manos el caso de Tomás y Jerónimo Uribe y quien consideraba que sí estaba demostrada la irregularidad en el trámite de esta zona franca.
Ahora, viene otro proceso en este caso, y es que el magistrado Carlos Moreno, quien es el nuevo ponente, deberá elaborar un proyecto de fallo que recoja la posición de la mayoría de los magistrados para que se haga la votación.
