Un juez de control de garantías ordenó extraer toda la información de las siete SIM cards que le fueron incautadas en enero de 2020 a Juan Guillermo Monsalve, testigo "estrella" en el proceso penal que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos.
Fue Gabriel Jaimes, el fiscal que tiene en sus manos el expediente por supuesto soborno y fraude procesal, quien pidió revelar todos los mensajes de texto, de voz y registros de llamadas del señalado exparamilitar.
Quienes tendrán que extraer toda esa información de las siete SIM cards de Juan Guillermo Monsalve son reconocidas empresas de telefonía celular que deberán entregarle los datos al ente investigador para saber si los toma como pruebas en el caso o no.
Para la Fiscalía, y para la defensa de Álvaro Uribe, la información que está en esas siete SIM cards de Juan Guillermo Monsalve podrían ser claves para el proceso y esos elementos no los tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia cuando tuvo en sus manos la investigación.
¿Qué ha pasado con el caso?
Cabe recordar que la defensa de Álvaro Uribe ya impugnó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que declaró improcedente la tutela que pretendía tumbar la decisión del Juez Cuarto Penal del Circuito, la cual dejó al expresidente en calidad de imputado en medio del proceso que se adelanta en su contra.
El tribunal estimó que la acción de tutela presentada por el exmandatario es improcedente porque la actuación penal cuestionada se encuentra en curso, al interior de ella existen medios de defensa idóneos para reclamar la protección de los derechos al debido proceso y defensa y porque, además, en este caso no se puede realizar el análisis reclamado porque implicaría “una interferencia injustificada en la órbita de competencia de la justicia ordinaria”.
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Ahora será la Corte Suprema de Justicia la que definirá la suerte de Uribe Vélez, quien es investigado por la presunta comisión de los delitos de soborno y fraude procesal. Según Granados, este segundo intento para devolver el proceso a la etapa de indagación se presentó ante el alto tribunal con el fin de que se revise el conflicto procedimental “con el que se ha lesionado los derechos fundamentales del ciudadano”.
Lo que esperan los abogados de Uribe Vélez con esta impugnación es “restablecer las vulneraciones a un debido proceso y a un derecho de defensa” frente a la interpretación que aplicó el Juez Cuarto Penal del Circuito, quien en noviembre de 2020 confirmó la libertad del exsenador pero consideró que sí es posible hacer una homologación entre la indagatoria que se realizó en la Corte Suprema bajo las reglas de juego de la Ley 600 del 2000 y una audiencia de formulación de imputación típica del sistema acusatorio, Ley 906 de 2004.
