Sandra Borda, docente de la Universidad de Los Andes y una de las autoras de la tutela que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia para proteger la protesta pacífica, respondió en diálogo con KienyKe.com a las últimas declaraciones del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo sobre el fallo proferido por la Sala de Casación Civil que ordenó garantizar este derecho constitucional y ofrecer disculpas por el abuso de la fuerza pública desde las manifestaciones sociales de noviembre de 2019.
El jefe de la cartera rechazó el pronunciamiento del alto tribunal y aseguró que, al contrario de lo que dice la sentencia, la fuerza pública ha velado por garantizar la vida, las libertades de los ciudadanos y “cuenta con los protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los Derechos Humanos”.
Holmes Trujillo indicó que la actuación de los miembros del Esmad se ha producido “exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito”, y que los integrantes de la fuerza pública que en el marco de la protesta social han violado la ley “han sido debidamente individualizados y sancionados”.
“Esos comportamientos individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la Ley, los reglamentos y protocolos, actualmente son objeto de investigaciones penales y disciplinarias por las autoridades competentes, quienes serán las llamadas a establecer, o no, la responsabilidad individual”, señaló.
Además de abstenerse a ofrecer disculpas por los excesos de la fuerza y decir que el Gobierno Nacional seguirá enfrentando los actos de vandalismo y todas las formas de violencia, el ministro de Defensa le pidió a la Corte Constitucional revisar el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
La profesora Sandra Borda señaló a KienyKe.com que se debe acabar con el cuento de que los abusos de la fuerza pública corresponden a casos aislados, pues afirmó que este tipo de acciones desproporcionadas por parte de los miembros de estas instituciones en contra de los protestantes han sido de manera sistemática.
“No es que haya unas cuantas personas que desobedecen las reglas del juego y tampoco es un tema de manzanas podridas. Desde el Gobierno y la Policía hay una aproximación a la protesta social que no está destinada a garantizar los derechos humanos. La teoría de los actos individualizados fue rechazada por la Corte Suprema y se demostró que es un tema de sistematicidad en las conductas”, mencionó.
Según dijo la docente, el alto tribunal no se está extralimitando en sus funciones como muchos han cuestionado, debido a que el objetivo del fallo de la Sala de Casación Civil es recordarle al Gobierno Nacional que en la Constitución Política se establece el derecho a la protesta pacífica y que ellos tienen que respetarla y tomar medidas para garantizarla.
“Lo que le está recordando la Corte Suprema al Ejecutivo es que en el ejercicio de lidiar con la protesta social hay unas reglas del juego que tienen que ser cumplidas. Ese es el llamado de los magistrados: que el Gobierno acate la ley. Los jueces tienen que garantizar que se cumpla la Constitución”, afirmó.
Borda contó que ella y los otros 48 accionantes celebraron el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, pues es “una muestra de que todavía quedan instituciones que están dispuestas a garantizar los derechos de la gente”.
“Somos un grupo de académicos, abogados, politólogos, jóvenes y familiares de víctimas de la fuerza pública que nos juntamos por un interés común: buscar un blindaje jurídico y legal para que se garantice la protesta pacífica en Colombia. Lo que esto demuestra es que, a pesar de que somos tan distintos, estamos convencidos de que hay que hacer valer el derecho que tenemos a manifestarnos en contra de lo que no estamos de acuerdo”, finalizó.
