La Procuraduría General de la Nación determinó que el general retirado Rodolfo Palomino ejerció presión sobre el teniente coronel Reinaldo Alfonso Gómez Bernal para que se retractara de las denuncias que hizo en su contra por acoso sexual y laboral que habrían configurado el escándalo conocido como “La comunidad del anillo”.
Según el Ministerio Público, Palomino, quien fue director de la Policía Nacional entre 2013 y 2016, ordenó al entonces jefe de la Oficina Jurídica de la Policía, el mayor John Santos Quintero Landinez y los coroneles Ciro Carvajal Carvajal y Flavio Mesa Castro, para que se reunieran con el oficial mayor Reinaldo Alfonso Gómez Bernal y lo convencieran de retractarse de su denuncia radicada en un oficio sobre irregularidades del director de la institución.
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A cambio de su retractación, según consignó la Procuraduría, Gómez Bernal sería favorecido en un proceso disciplinario que se seguía en su contra al interior de la institución, en caso de llegar a segunda instancia, pues la decisión quedaba en manos de Palomino, el director de la Policía Nacional.
Para el Ministerio Público, se demostró con certeza que el general (r) Palomino organizó reuniones por fuera de la actuación procesal, y por tanto de forma irregular, con fines contrarios a la ética que le corresponde al servidor público, “pues no son las reuniones ilegítimas donde se debaten las inquietudes de los disciplinados, sino al interior de los respectivos procesos disciplinarios a través de las formas establecidas para ello por el legislador”.
Gómez Bernal cedió a la presión y radicó un oficio de retractación y las contraprestaciones ofrecidas fueron cumplidas. Tras esa acción, el general (r) Palomino optó por no declararse impedido en el proceso disciplinario y en su condición de juez disciplinario de segunda instancia falló a favor, “sin que esa situación, a todas luces irregular, le produjera ningún recato a tan alto servidor que regentaba los destinos de una institución estatuida para proteger no solo la vida sino la honra de las personas, contrarrestar el delito y la corrupción”, señaló la Procuraduría.
Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la conducta de los disciplinados como una falta gravísima cometida a título de dolo. En ese sentido, sancionó con inhabilidad por 13 años al general (r) Palomino y por diez años al mayor Quintero y los coroneles Carvajal y Mesa.
Por tratarse de un recurso de reposición fallado por el despacho del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, contra la misma no procede recurso alguno y en consecuencia quedó en firme.
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Esta decisión se dio tras los recursos de apelación que presentaron los coroneles Carvajal y Mesa a la decisión del Ministerio Público en 2018, donde habían recibido la misma sanción. El Procurador General, en respuesta a los recursos, confirmó la inhabilidad de los uniformados y la extendió para Quintero y Palomino, quienes en ese fallo habían sido absueltos.
