Odebrecht, Corficolombiana, Episol, el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales y otras cuatro personas naturales recibieron una millonaria sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por el entramado de corrupción que se orquestó en el contrato de concesión del proyecto de la Ruta del Sol II, el cual terminó en una violación al régimen de libre competencia.
La sanción de la SIC a Odebrecht fue una decisión unánime que tomó el Consejo Asesor de Competencia el pasado 2 de diciembre. Después de un arduo proceso, se determinó que la constructora brasileña y sus socios hicieron un acuerdo anticompetitivo que les permitió garantizar la adjudicación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010 en favor de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y que, después, se orquestó una dinámica de reembolsos y pagos irregulares.
Las cuatro personas naturales, entre ellas los ejecutivos de Odebrecht, fueron sancionadas por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y tolerado el sistema restrictivo de la libre competencia económica.
La sanción de la SIC a Odebrecht y a sus socios suma un total de $295.086.710.061. Uno de los sancionados es el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, quien ya fue condenado a 11 años de prisión por conocer los pagos corruptos que hizo la multinacional en el país.
Ellos son todos los sancionados:
¿Cómo inició el proceso?
El exsuperintendente Pablo Felipe Robledo explicó en anterior diálogo con KienyKe.com que el proceso en la SIC comenzó desde 2016, año en el que Odebrecht confesó ante la justicia de Estados Unidos haber sobornado a varios funcionarios públicos de América Latina para quedarse con millonarios y apetecidos contratos de infraestructura.
En enero de 2017, la SIC le dio paso a la primera fase del proceso: la investigación preliminar. Robledo indicó que el punto de partida fue la declaración de Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha (exejecutivos de Odebrecht en Colombia) ante la Fiscalía, donde aseguraron que el contrato de la Ruta del Sol II lo habían logrado gracias a un pago de 6,5 millones de dólares entregado al exviceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales, entonces director del INCO (hoy la ANI).
Robledo señaló que en septiembre de 2018 se dio inicio a la segunda fase: el superintendente Delegado para la Protección de la Competencia profirió pliego de cargos en contra de algunas de las empresas y personas vinculadas al contrato, entre ellos, el INCO y la Concesionaria Ruta del Sol, integrada por Odebrecht, Episol (filial de Corficolombiana del Grupo Aval) y CASS Constructores.
El 27 de diciembre de 2019 se realizó una audiencia verbal, diligencia a la que asistieron todos los investigados y en la que se hizo un recuento de todo el caso, se mostraron pruebas y presentaron versiones. En ese momento, el ahora superintendente de Industria y Comercio, el abogado Andrés Barreto, le dijo a KienyKe.com que, a pesar de los obstáculos y dilaciones, la SIC contó con 2 millones de folios y más de 500 entrevistas para surtir la etapa probatoria.
Tiempo después se inició una tercera fase: el delegado para la Protección de la Competencia rindió un informe motivado en el cual entregó una recopilación detallada del caso, conclusiones y unas recomendaciones al superintendente.
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Luego de todo este proceso, la SIC encontró que Odebrecht sí desplegó un esquema de corrupción altamente complejo que se prolongó por más de una década y que resultó en el pago de cientos de millones de dólares en sobornos en diferentes países.
El Consejo Asesor de Competencia encontró plenamente acreditada la puesta en marcha de un sistema anticompetitivo entre Odebrecht, Corficolombiana y Episol, a través del cual, en una primera fase, se ideó, celebró y ejecutó un acuerdo ilegal para garantizar la adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol II.
La SIC especificó que, para materializar estas conductas, Odebrecht y sus socios establecieron que el exviceministro Gabriel García Morales se encontraba en una posición privilegiada que le confería la suficiente capacidad para influenciar, decidir y actuar en todas las instancias del proyecto Ruta del Sol.
“Ellos enfilaron todos sus esfuerzos con la finalidad de sobornarlo y utilizarlo para asegurar su participación directa en el despliegue de su sistema anticompetitivo. Con este propósito, desplegaron una serie de reuniones ilegales y secretas para definir y concretar el acuerdo ilegal a través del pacto de una retribución económica como contraprestación de garantizar la adjudicación del contrato, sin ninguna presión competitiva al momento de la evaluación de su oferta económica y limitando la libre concurrencia de otros competidores”, indicó.
Cabe resaltar que el mismo García Morales sirvió como “delator”, pues confesó su participación y aportó información determinante sobre el sistema anticompetitivo ante la SIC.
