KienyKe.com conoció la respuesta que envió la defensa del senador Iván Cepeda frente a la acción de tutela que presentó el abogado del expresidente Álvaro Uribe en contra del juez que confirmó su libertad pero que lo dejó en calidad de imputado en medio del proceso por presunta manipulación de testigos.
En el recurso que presentó la defensa del exmandatario se alega que en la decisión del Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, que fue proferida en noviembre de 2020, hubo una vulneración al debido proceso y a la defensa, al determinar que la investigación debía quedar en etapa de imputación de cargos en los términos de la Ley 906 de 2004.
El funcionario judicial tomó esta determinación al considerar que sí es equiparable la indagatoria que se le hizo a Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia con una audiencia de formulación de imputación que se realiza bajo los parámetros del sistema con tendencia acusatoria.
Sin embargo, la defensa del máximo líder del Centro Democrático presentó la tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá con el argumento de que el Juez Cuarto Penal incurrió en un claro "defecto orgánico" al pronunciarse y decidir "sobre aspectos para los cuales carecía de competencia".
Indicó que, a pesar de que el tema sobre la no equiparación entre la formulación de imputación y la indagatoria fue objeto de amplio debate en la audiencia, lo cierto es que la petición que se formuló tenía que ver con el restablecimiento del derecho a la libertad y no era una petición abierta a fin de que se adecuara el trámite a la ley 906 de 2004 y se definiera el estadio procesal en el que debía continuar, pues "ello le correspondía a la Fiscalía".
Por esa razón, le solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que se declare que se han vulnerado los derechos fundamentales del exmandatario en tanto que en su caso ya se le está dando la condición de imputado y se pidió dejar sin efectos lo decidido por el Juez Cuarto Penal.
El contraataque de Iván Cepeda
La defensa del senador Iván Cepeda, quien obra como víctima en el proceso por presunto soborno y fraude procesal, presentó un documento en el que le pidió al Tribunal Superior de Bogotá negar las pretensiones que por vía tutela busca el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Según argumentó, el recurso interpuesto por los abogados del exmandatario "es improcedente" porque, entre otras cosas, "no se han agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial para hacer valer los derechos alegados y no se cumplió con el requisito de inmediatez".
Al contrario de lo que señaló la defensa de Uribe Vélez, el abogado de Iván Cepeda señaló que en la audiencia el tema no versó exclusivamente sobre la libertad "sino que esta estuvo determinada por una discusión más estructural procedimentalmente hablando, esto es, el asunto relacionado con la adecuación -o no- de las etapas procesales entre dos sistemas procesales vigentes".
"De modo, que pierde todo peso este argumento del accionante en el sentido que la acusación no sería un mecanismo idóneo para intentar la nulidad pretendida, obviamente sería en ese escenario en el que de debería dar tal discusión y definición judicial", indicó.
En el documento, el abogado del senador del Polo Democrático también indicó que "fue Uribe Vélez quien originó toda la crisis procesal".
"Debe tenerse presente que todo este matalotaje jurídico en el que se ha visto avocado el proceso que se adelanta contra el doctor Uribe, fue provocado por el propio procesado al renunciar a su curul de senador con el objetivo inocultable y evidente de rehuir la competencia de la Corte Suprema de Justicia y aterrizar en la pista de la Fiscalía General de la Nación para alegar que lo actuado en la Corte Suprema de Justicia carece de validez y que dichas actuaciones no pueden ser adoptadas o adecuadas a las etapas procesales de la ley 906 del 2004", manifestó.
Además, advirtió a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que si se avalan las pretensiones de Uribe Vélez podría haber inseguridad jurídica.
"Negar que es una necesidad de la justicia la posibilidad de adecuar las etapas procesales de la ley 600/00 a las etapas de la ley 906/04, es provocar una desestabilización del sistema jurídico penal, y un paso gigantesco a favor de la impunidad. Imaginemos no más, ¿Qué sentido tendría que el Estado invierta grandes recursos económicos y humanos en adelantar procesos penales a través de la Corte Suprema de Justicia, si al final todos los avances pueden retrotraerse al punto de partida, después de meses o años de investigación?", cuestionó.
Y agregó: "Si se adopta la postura de que no es posible adecuar las etapas procesales de la ley 600 del 2000 a las etapas de la ley 906 del 2004, se provocaría una profunda inseguridad jurídica, pues a los aforados investigados por la Corte les bastaría renunciar a sus cargos para perder el fuero y pasar a manos de la Fiscalía a sabiendas que de ese modo todo lo actuado por la Corte pierde vigencia o efectos. Tal postura equivale a abrir una amplia puerta a la impunidad".
De esta manera, la defensa de Iván Cepeda pidió que se declare la tutela improcedente y se niegue el amparo de los derechos alegados, pues estos "no han sido vulnerados ni están amenazados".
