La Procuraduría General de la Nación, a través del Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado, solicitó a la Sala Especial de Decisión que se decrete la pérdida de investidura del exsenador Eduardo Enrique Pulgar Daza.
La pérdida de investidura es una acción pública que comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de cuerpos colegiados y permite imponer como sanción no solo la desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular, sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un cargo de la misma naturaleza, si este llega a incurrir en alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas en la Constitución.
En su intervención, el Procurador Delegado indicó que con las pruebas aportadas al expediente se logró demostrar la culpabilidad del exsenador Pulgar Daza, por cuanto resulta evidente “la intención y el querer que tuvo el excongresista para afectar la voluntad del servidor público que tenía a cargo una actuación judicial que beneficiaría directamente a terceros involucrados en la contienda para obtener el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla e indirectamente a él para obtener los votos que necesitaba en las elecciones de 2018”.
En su concepto, el Ministerio Público señaló que estos presupuestos fueron reconocidos como delito por el exsenador en la diligencia de aceptación de cargos ante la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, Pulgar Daza, en su condición de congresista de la República, para el momento de los hechos, incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, esto es, tráfico de influencias debidamente comprobado.
Los hechos se originaron luego de que el demandante pusiera en conocimiento de la Alta Corporación el relato del periodista Daniel Coronel en columnas publicadas en el portal de internet Los Danieles, en las que señalaba:
“Ocurrió que en el año 2017 el demandado se habría valido de su condición de congresista para reunirse en su residencia en la ciudad de Barranquilla y gracias a intermediación del entonces alcalde del municipio de Usiacurí (Atlántico), señor Ronald Emil Padilla Acuña, con el juez promiscuo municipal de esta localidad, señor Andrés Fernando Rodríguez Cáez, con el propósito de ofrecerle a este último y en presencia del aludido intermediario, la suma de $200.000.000 para que resolviera a favor del señor Juan José Acosta Osío, reconocido amigo y simpatizante del congresista, una determinada controversia que se ventilaba ante el funcionario judicial”.
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Vale la pena mencionar que, el exsenador Pulgar fue trasladado el pasado 18 de julio de la cárcel La Picota de Bogotá hacia una guarnición militar ubicada en Atlántico. Este cambio fue confirmado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que dio a conocer que el excongresista del Partido de la U fue enviado a la cárcel de alta y mediana seguridad Cpams-Ejema de Malambo, municipio del área metropolitana de Barranquilla.
Cabe recordar que el viernes 25 de junio la Corte Suprema de Justicia dio a conocer la condena contra Eduardo Pulgar por el intento de soborno al juez Andrés Rodríguez Cáez. El exlegislador fue hallado responsable de los delitos de cohecho y tráfico de influencias y, por esa razón, deberá pagar 4 años, 10 meses y 25 días de prisión efectiva.
En marzo, Pulgar pidió ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acogerse a la figura de sentencia anticipada pues, según se acreditó en la investigación, le ofreció 200 millones de pesos al funcionario judicial para que favoreciera en una decisión a su aliado político Luis Fernando Acosta Osío, quien era patrocinador suyo.
