Dentro del proceso que se adelanta en contra del exmagistrado Gustavo Malo por su presunta participación en el caso de corrupción conocido como el 'Cartel de la Toga', la Procuraduría General de la Nación solicitó que sea condenado.
De acuerdo con la Procuraduría, existe material probatorio suficiente que indica la participación de Malo en una red de políticos, abogados y exmagistrados que, desde 2013 hasta 2016, habrían ayudado a favorecer congresistas en procesos en compañía del exfiscal Luis Gustavo Moreno y el exmagistrado Francisco Ricaurte.
"Los hechos delictivos no son aislados, afirmación que tiene soporte por Álvaro Ashton, Musa Besaile y Camio Ruiz todos indicaron que realizaron negociaciones con Gustavo Moreno y Francisco Ricaurte con el propósito de beneficiar sus intereses dentro de los procesos que cursaban en su contra en el despacho que presidía Gustavo Enrique Malo Fernández", señaló el delegado de la Procuraduría José Fernando Ortega.
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Además, Ortega explicó que el cohecho no lo cometió Gustavo Malo de forma directa, sino que se valió de Ricaurte y Moreno para recibir dineros "con el propósito de retardar u omitir actos propios de la investidura que ostentaba, más precisamente, abrir investigación formal en contra de los congresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile, pese a que existían suficientes méritos para ello".
En ese sentido, el funcionario explica que el actuar de Malo solo puede entenderse inmerso en los intereses de la organización.
Condena contra Francisco Ricaurte
El juzgado 10 Penal del Circuito de Bogotá dio a conocer el pasado jueves 25 de marzo los años de la condena que le impuso al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, por su responsabilidad en el escándalo de corrupción del cartel de la toga.
El pasado martes 9 de marzo, Ricaurte, quien fue presidente de la alta corte, fue declarado culpable de participar en el entramado corrupto que exigió millonarias sumas de dinero a cambio de torcer fallos judiciales e interceder en el curso de investigaciones que se adelantaban en contra de varios aforados constitucionales.
El funcionario judicial indicó que la condena contra Francisco Ricaurte por estos hechos será de 19 años y dos meses de prisión. Además, le impuso el pago de una multa de 485 salarios mínimos y una inhabilidad para ocupar cargos públicos por el mismo tiempo de la pena.
El juez del caso le dio credibilidad al testimonio entregado por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien ha "prendido el ventilador" tras haber sido condenado por el cartel de la toga.
Según dijo, conoció a Francisco Ricaurte a través del exmagistrado José Leonidas Bustos, también procesado por este escándalo de corrupción dentro de la Rama Judicial, y mencionó que entre los tres hicieron parte de la organización ilegal.
A Luis Gustavo Moreno se le señaló de ser el encargado de recibir los dineros de los procesados que él contactó para la actividad ilegal.
Según sustentó la Fiscalía, en cada caso, la suma de dinero era distribuida entre el exmagistrado Francisco Ricaurte y otras personas, "quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones e intentar favorecer a los aforados que pagaron".
Dos de los eventos que motivaron la condena contra Francisco Ricaurte por el cartel de la toga están relacionados con procesos que se seguían en el despacho del exmagistrado Gustavo Malo Fernández.
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En uno, el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo habría entregado 1.200 millones para dilatar, archivar o prescribir la investigación en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares. La Fiscalía señaló que, en este episodio, Francisco Ricaurte recibió 400 millones de pesos.
En otro hecho, el exsenador Musa Besaile Fayad, supuestamente, pagó 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra. En esa ocasión al exmagistrado le habrían correspondido 250 y 290 millones de pesos.
Un tercer evento está relacionado con un pago que, al parecer, hizo el exgobernador de Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, para presuntamente demorar un proceso por corrupción en su contra dentro del alto tribunal.
