Este jueves 19 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envió a la Fiscalía General de la Nación el expediente contra el exgobernador de Santander y exsenador, Richard Aguilar, al concluir que, luego de su renuncia al Congreso, perdió la competencia para seguir investigándolo por las presuntas irregularidades en contratos que suscribió entre 2014 y 2015, cuando se desempeñaba como gobernador.
Es clave señalar que, la captura de Aguilar se realizó hacia las 10:00 de la noche del martes 27 de julio, cuando miembros del CTI llegaron hasta su apartamento ubicado en la calle 92 de Bogotá y lo condujeron hacia el búnker de la Fiscalía. Al día siguiente presentó su renuncia al Senado para enfocarse en su defensa.
El pasado viernes 30 de julio el exsenador salió del búnker para ser trasladado hacia el Batallón de Artillería número 13 en Bogotá. Allí permanecerá mientras se sigue el proceso en su contra, ahora con la Fiscalía al frente.
¿Cuál es la investigación en su contra?
El alto tribunal investigaba a Aguilar por la supuesta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en calidad de determinador, y como presunto autor de interés indebido en la celebración de contratos y coautor de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros.
De acuerdo con la Corte, cuatro contratos firmados por Aguilar entre 2014 y 2015 tienen irregularidades y las investigaciones apuntan a "hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado - para sí y para otros- de dineros públicos".
Al parecer, el entonces mandatario regional le habría ordenado a algunos funcionarios de la gobernación entregar contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él. Específicamente, las supuestas irregularidades tienen que ver con obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga, obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá y en el corredor vial Agroforestal y Energético, así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca.
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Aguilar no es el único congresista salpicado por este supuesto escándalo de corrupción. El representante Edwin Ballesteros, del Centro Democrático, también estaría involucrado y la Corte Suprema de Justicia adelanta otra investigación en su contra.
El próximo 23 de agosto el alto tribunal escuchará en indagatoria al representante por hechos relacionados con las presuntas irregularidades registradas en unos contratos en la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P –ESANT.
A Ballesteros se le investigan presuntos vicios en la firma de varios contratos, entre ellos, uno por $4.346 millones para construir el acueducto en el municipio de Landázuri, obra que aún no se ha terminado.
Los testimonios de Lenin Pardo y Claudia Toledo -testigos clave del caso- apuntan a que Ballesteros habría solicitado una millonaria 'coima' por la adjudicación del contrato para construir dicho acueducto.
Hace unos meses, Ballesteros negó toda responsabilidad en dicho caso, y advirtió que no recibió ningún soborno y que así lo demostrará en el momento en el que acuda y sea llamado por la Corte Suprema.
