Este año ocurrió lo inimaginable: Álvaro Uribe Vélez, el político más importante de la historia reciente de Colombia, quedó privado de la libertad. Este hecho fue, sin duda, una de las noticias más importantes y leídas del 2020, la cual causó un verdadero revuelo en el mundo político y judicial del país.
Este novelón tiene como protagonistas al exmandatario, al reconocido abogado Diego Cadena y al senador Iván Cepeda. En el caso también están involucrados el representante Álvaro Hernán Prada, el abogado Juan José Salazar y los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez alias ‘Víctor’.
La detención del máximo líder del partido Centro Democrático se dio en medio del proceso penal que se adelanta actualmente por presunta manipulación de testigos, el cual empezó en la Corte Suprema de Justicia y terminó en manos de la Fiscalía General de la Nación.
KienyKe.com le cuenta los detalles más importantes de esta investigación que se convirtió en la noticia judicial que marcó el 2020.
La génesis del caso
El senador Iván Cepeda fue denunciado en febrero de 2012 porque como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes fue a las cárceles de Itagüí y Cómbita para entrevistar a los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes señalaron a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago de tener vínculos con el paramilitarismo.
En su calidad de representante, Cepeda realizó un debate de control político en el que, de acuerdo a esos testimonios, acusó públicamente a los Uribe Vélez de haber conformado y financiado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el departamento de Antioquia.
El expresidente Uribe denunció al senador del Polo Democrático por los delitos de calumnia, falso testimonio y abuso de la función pública. Alegó que para escuchar los testimonios de Sierra y Monsalve, Cepeda se valió falsamente de sus funciones parlamentarias para buscar en las cárceles declaraciones falsas que lo implicaran a él y a su hermano con el “único fin de hacerles daño e inducir en error a la justicia”.
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Uribe aseguró que Cepeda dirigió un cartel de falsos testigos en su contra y que les ofreció a cambio beneficios jurídicos, económicos y carcelarios.
El 16 de febrero de 2018 el caso dio un giro drástico: La Corte Suprema de Justicia, con ponencia del entonces magistrado José Luis Barceló, se abstuvo de abrir investigación penal en contra del senador Iván Cepeda porque “no encontró pruebas suficientes” y, por el contrario, inició una investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El exmandatario pasó de denunciante a investigado porque, al parecer, fue él quien intentó manipular el testimonio de Juan Guillermo Monsalve con ayuda de su abogado Diego Cadena.
Detención y renuncia al Senado
El 8 de octubre del 2019 el expresidente Álvaro Uribe Vélez asistió a una indagatoria donde quedó formalmente vinculado al proceso y el 3 de agosto de este 2020 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió privarlo de la libertad de manera preventiva al considerar que podría obstruir la investigación. El exmandatario estuvo preso dos meses en su casa, la famosa finca El Ubérrimo.
El martes 18 de agosto el máximo líder del Centro Democrático renunció a su curul en el Senado y sus abogados le pidieron formalmente al alto tribunal de justicia que remitiera el caso a la Fiscalía General porque, según ellos, “así está establecido en el ordenamiento jurídico”.
La Corte Suprema terminó dándole la razón a la defensa del exjefe de Estado y trasladó el expediente al ente acusador. Según explicaron los magistrados, esta decisión, que fue unánime, se tomó teniendo en cuenta que la investigación es por la presunta comisión de delitos comunes que no tienen vínculo con la actividad funcional de legislador.
La determinación, por supuesto, levantó ampollas. Tanto así que el senador Iván Cepeda le pidió al fiscal general Francisco Barbosa apartarse del conocimiento de la investigación y solicitó que se nombrara un fiscal ad hoc para darle “parcialidad al proceso”.
Tras “meter este gol jurídico”, los abogados del expresidente Álvaro Uribe pidieron su libertad inmediata alegando que el régimen procesal por el cual debía seguir la investigación era la Ley 906 de 2004 y no la Ley 600 de 2000, luego de que la Sala de Instrucción confirmara la pérdida de la competencia.
Dos meses y quedó en libertad
La jueza 30 de garantías, a quien le correspondió el caso, decidió no emitir una decisión de fondo en la primera audiencia que se celebró. La funcionaria devolvió el proceso a la Corte Suprema para que los magistrados, en Sala Plena, se pronunciaran sobre el régimen procesal aplicable.
Días después, con una votación de 19-2, el alto tribunal de justicia decidió que la investigación por presunto soborno y fraude procesal debía continuar bajo las reglas de juego del sistema penal acusatorio y confirmó la competencia de la jueza 30 de garantías para decidir sobre la libertad del máximo líder del Centro Democrático.
El sábado 10 de octubre la funcionaria judicial tomó la decisión de revocar la medida de aseguramiento que se le impuso al expresidente Álvaro Uribe. Tras escuchar a todas las partes, la jueza determinó que no era posible equiparar la indagatoria que se realizó en la Corte Suprema en octubre de 2019 con una audiencia de formulación de imputación de cargos.
Por lo tanto, consideró que el exmandatario no podía seguir preso al no contar con la calidad de "imputado" y dejó el proceso por presunta manipulación de testigos en la etapa de indagación.
"Equiparar la imposición de una medida de aseguramiento bajo los parámetros de una indagatoria con las garantías para imponer la misma bajo la Ley 906 de 2004, no hace menos que desnaturalizar la estructura del proceso. Esta última responde de mejor manera a los estándares internacionales en materia de garantías judiciales", resaltó.
Quedó como “imputado”
El senador Iván Cepeda apeló a la decisión. Es por eso que el viernes 6 de noviembre el Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá resolvió el recurso y tomó una decisión totalmente diferente a la que profirió la jueza de primera instancia.
El funcionario judicial determinó que sí era posible hacer una homologación en la actuación hecha entre los dos sistemas procesales, es decir, que sí es equiparable la indagatoria que se le hizo a Uribe Vélez en la Corte Suprema bajo los parámetros de la Ley 600 con una formulación de imputación estipulada en la Ley 906 del sistema penal acusatorio.
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Por lo tanto, el juez reconoció lo adelantado por la Sala de Instrucción del alto tribunal de justicia y dejó el proceso por presunta manipulación de testigos en la etapa de formulación de cargos, es decir, Uribe Vélez quedó en calidad de “imputado”.
"Lo que tiene que hacer ahora la Fiscalía General de la Nación no es realizar una audiencia de formulación de imputación, sino, advirtiéndose superada esta etapa, decidir dentro del marco constitucional y legal, si presenta escrito de acusación, solicitud de preclusión o da lugar a la aplicación de un principio de oportunidad", explicó.
El papel de Diego Cadena
El abogado Diego Cadena enfrenta un proceso penal paralelo por este mismo caso. La Fiscalía le imputó el lunes 27 de julio los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal porque, al parecer, entre los años 2017 y 2018 recorrió varias cárceles del país con el fin de buscar testigos que declararan en favor de Álvaro Uribe.
Daniel Hernández, fiscal del caso, dijo que, hacia las 4:00 de la tarde del 18 de julio de 2017, Cadena se dirigió hacia la cárcel de Palmira para encontrarse con Carlos Enrique Vélez, alias Victor, y en esa reunión le ofreció una suma de 200 millones de pesos “para que dijera que Iván Cepeda recorrió varias prisiones buscando testigos que pudieran presentar pruebas en contra del expresidente Uribe”.
Según mencionó, el abogado Diego Cadena sobornó al exparamilitar para que dijera ante la Corte Suprema que Cepeda le ofreció beneficios carcelarios, el mejoramiento de sus condiciones y verificación de sus procesos a cambio de que manipulara su versión.
Hernández señaló que, el 22 de febrero de 2018, Diego Cadena volvió a cometer, supuestamente, su acto criminal. Indicó que se dirigió a la cárcel La Picota de Bogotá y, de la misma manera, buscó a Juan Guillermo Monsalve para que, a cambio de asesorías jurídicas y tramitar su ingreso a la JEP, manifestara que fue abordado por Cepeda con el fin de declarar contra Uribe Vélez.
El abogado Iván Cancino, defensor de Diego Cadena, afirmó en diálogo con KienyKe.com que jamás hubo un ofrecimiento por parte de su cliente para corromper testigos y que los dineros que se le giraron a Carlos Enrique Vélez correspondieron a una ayuda humanitaria.
“En Colombia las partes pueden legalmente entregar sumas de dinero o beneficios a un testigo, lo que no se puede es torcer la justicia. Diego Cadena en ningún momento les ofreció nada para que mintieran en su versión. Además, la Fiscalía miente diciendo que se ofrecieron 200 millones, cuando lo que se conoce es que el pago fue de 7 millones de pesos y nada más, como dije, para una ayuda humanitaria”, mencionó.
Según dijo, los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve son los que han torcido varias veces su versión para desacreditar a Diego Cadena y al expresidente Álvaro Uribe. Mencionó que sus declaraciones están llenas de contradicciones y falsedades.
“Ellos han cambiado sus testimonios en contra de Diego Cadena muchas veces, tenemos grabaciones y pruebas que demuestran todas las mentiras que han dicho. Ellos son los que quieren perjudicar a Diego Cadena, al expresidente Álvaro Uribe y a la justicia. En el proceso demostraremos que él es inocente”, finalizó.
A Diego Cadena también se le impuso una medida privativa de libertad: fue enviado a detención domiciliaria mientras avanza el proceso. La audiencia preparatoria de juicio quedó programada para los días 9, 10 y 11 de febrero de 2021.
La posición de Iván Cepeda
El senador Iván Cepeda, quien fue acreditado como víctima en los dos procesos, aseguró en diálogo con KienyKe.com que la Fiscalía General tiene en sus manos las pruebas suficientes para acusar y solicitar ante un juez la condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del abogado Diego Cadena.
Según dijo el congresista, su defensa entregó a Gabriel Jaimes, fiscal del caso de Uribe Vélez, una solicitud para que elabore y presente de manera formal el escrito de acusación por los delitos de soborno y fraude procesal.
Indicó que ese documento enviado al delegado de la Fiscalía General contiene una lista exhaustiva de los elementos materiales probatorios recaudados por la Corte Suprema de Justicia, testigos, argumentos, informes judiciales, documentos, grabaciones e interceptaciones legalmente obtenidas para “demostrar la culpabilidad del exmandatario”.
“Consideramos que hay suficiente material para que se produzca no solo la acusación sino la condena. Por esa razón le pedimos al fiscal Gabriel Jaimes que en el tiempo más breve presente el escrito de acusación y nos mantenga informados de manera oportuna sobre lo actuado”, manifestó.
El senador Iván Cepeda aseguró que todavía no descarta la posibilidad de pedir ante un juez de garantías que Álvaro Uribe Vélez vuelva a ser privado de la libertad. Por el momento, las partes procesales están a la espera de la decisión que el fiscal Gabriel Jaimes tomará: si buscará vencer al expresidente en juicio o no.
