La muerte de Javier Ordóñez y la violenta jornada de protestas que se generó en contra del abuso policial fue uno de los hechos más importantes de este 2020.
Todo ocurrió entre el 9 y 10 de septiembre. El estudiante de derecho falleció luego de recibir varias descargas con un taser y ser golpeado en el CAI de Villa Luz de Bogotá por parte de dos miembros de la Policía Nacional.
La muerte del hombre de 44 años generó una violenta jornada de protestas que terminó con el asesinato de más de diez personas y cientos de heridos. Hasta el momento no se sabe quiénes son los responsables de estos crímenes y las autoridades no han entregado detalles de la investigación.
El proceso por la muerte de Javier Ordóñez ha dado algunos pasos significativos. Por ejemplo, en materia disciplinaria, Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez, los dos policías señalados de asesinarlo, recibieron la máxima sanción por parte de la Procuraduría: fueron destituidos e inhabilitados por 20 años por homicidio y abuso de autoridad.
En el juicio disciplinario, la delegada del Ministerio Público señaló que, sin consideración y con brutalidad, Javier Ordóñez recibió golpes contundentes propinados por el uniformado Juan Camilo Lloreda Cubillos, mientras que el patrullero Harby Damián Rodríguez Díaz "no solo observaba lo sucedido sino que se inclinaba para sujetarlo, todo ello en momentos en que se encontraba en el piso".
Según dijo la funcionaria, el estudiante de derecho estaba esposado y completamente reducido, nunca recibió auxilio o atención a pesar de sus lamentos y desesperación por las dolencias que lo afectaban y murió a causa de la inmensa hemorragia producida por el estallido de un riñón.
Además, indicó que los policías incurrieron en actos reprochables desde toda perspectiva por estar desprovistos de todo sentido de humanidad, que se concretaron en el maltrato físico del que Javier Ordóñez fue objeto a lo largo de la restricción, y que finalmente le produjeron la muerte, materializándose una grave violación a los derechos humanos.
Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez apelaron el fallo disciplinario que los destituyó e inhabilitó por 20 años.
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En materia penal el proceso ha ido más lento. El pasado 21 de septiembre, los dos uniformados fueron enviados a una cárcel de Facatativá, Cundinamarca, mientras enfrentan la investigación por homicidio agravado y tortura, cargos que no aceptaron.
Aunque uno de los defensores de los patrulleros señalados de asesinar al estudiante de derecho pidió que el caso fuera trasladado a la Justicia Penal Militar, el Consejo Superior de la Judicatura decidió que este quedaría en manos de la justicia ordinaria porque las pruebas evidencian "con claridad que no existe relación entre el hecho investigado penalmente con la prestación de un servicio policial".
En los últimos días se conoció que la Fiscalía General alista una nueva imputación de cargos en contra de otros dos patrulleros de la Policía que, al parecer, también tuvieron que ver en la muerte de Javier Ordóñez.
Esa audiencia se realizará en febrero del próximo año.
