Todavía no se conoce con certeza el nombre, la edad y el sexo de las personas que murieron en medio del operativo desarrollado el pasado 2 de marzo por el Ejército Nacional en zona rural del municipio de Calamar (Guaviare) en contra de la estructura de alias Gentil Duarte, disidente de las Farc.
Hasta ahora la información que ha sido aportada es contradictoria, pues mientras que las denuncias expuestas por el periodista Holman Morris y el senador Roy Barreras aseguran que menores de edad entre los 9 y 16 años fallecieron en el bombardeo, Medicina Legal indica que fueron recibidos 10 cuerpos de los cuales todavía no se tiene identificación.
"Las labores científicas continúan y los resultados serán informados al fiscal del caso, cuando se tenga plena certeza sobre las identidades", indicó el instituto en un comunicado.
Las declaraciones del ministro de Defensa Diego Molano sobre el bombardeo en Guaviare han generado rechazo entre la opinión pública debido a que, en diálogo con varios medios de comunicación, señaló que el operativo fue legítimo y que grupos armados ilegales como el de Gentil Duarte convierten a los menores reclutados en “máquinas de guerra”.
Según dijo, será la Fiscalía General la que determine si murieron o no varios niños y niñas en el campamento guerrillero, pero “lo que sí está claro es que hubo un operativo contra una organización narcoterrorista que atenta contra la sociedad colombiana”.
“Aquí se desarrolló una operación legítima contra una organización narcoterrorista, liderada por un narcoterrorista como Gentil Duarte, que ha tenido más de 45 acciones contra la población civil y 105 acciones contra la fuerza pública. Aquí los que son responsables de volver a los jóvenes en máquinas de guerra son las disidencias de las Farc”, dijo Molano a la W Radio.
A la pregunta de si en ese tipo de operativos se tiene alguna consideración cuando en las labores de inteligencia se identifica a menores de edad, el ministro de Defensa respondió:
“En el DIH, cuando usted hace la valoración, lo que es claro es que quienes están en un campamento participan de las hostilidades y pueden poner en riesgo, el desarrollo de la operación se debe hacer por el bien superior de protección a los demás porque participan en las hostilidades. Y en esa medida, lo más importante, es que la información de inteligencia para desarrollar esa operación se tuvo porque había una estructura en la que protegían a un terrorista que estaban diseñando y planeando acciones terroristas”.
¿Qué dice el DIH en estos casos?
Las declaraciones del ministro de Defensa Diego Molano revivieron el debate de cómo en Colombia se maneja la participación de los menores de edad en la guerra y cómo se deben desarrollar los operativos bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH) contra estas estructuras al margen de la ley.
Camilo Umaña, especializado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, indicó en diálogo con KienyKe.com que todo ser humano tiene derecho a la vida y que el DIH autoriza el uso de la fuerza letal en condiciones muy específicas frente a personas que activamente participan en hostilidades.
Según dijo, el DIH contempla un principio de prevención, el cual establece que, en estos casos, se debe tener suficiente información sobre el rol que cumplen las personas que hacen parte de estas organizaciones y se debe evaluar qué otras medidas se pueden tomar para preservar en mayor medida su vida.
“En el caso de los menores de edad esa obligación se refuerza por la protección especial que tienen. Las declaraciones del ministro de Defensa generalizan a los niños y niñas que están en un sitio como máquinas de guerra, lo que no es adecuado desde la perspectiva del DIH, pues lo que pide es labores de información suficientes que permitan establecer el rol concreto de las personas en este tipo de escenarios”, señaló.
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Umaña mencionó que, lo que se debe hacer en estos casos, es prevenir el reclutamiento de menores de edad y en el uso de la fuerza privilegiar las medidas no letales.
“La protección especial reforzada de los niños y niñas implica que todo uso letal de la fuerza deba pasar por una evaluación muy estricta, idealmente los niños son en este caso víctimas de reclutamiento forzado y como víctimas de reclutamiento deben tener un tratamiento especial y no como enemigos, ni mucho menos como máquinas de guerra. Esta expresión no está contemplada en ningún instrumento internacional de derechos humanos ni en el DIH, y aunque un ser humano sea considerado como una ‘máquina de guerra’ se deben preservar sus derechos humanos”, finalizó.
