KienyKe.com conoció la acción de tutela que interpuso la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en contra del Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá que confirmó su libertad pero lo dejó en calidad de "imputado".
En noviembre de 2020, el funcionario judicial determinó -al contrario de lo que consideró la jueza 30 de garantías- que sí es posible hacer una homologación entre lo adelantado bajo las reglas de juego de la Ley 600 con la Ley 906.
Es decir, para él sí es equiparable la indagatoria que se le hizo a Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia con una audiencia de formulación de imputación que se realiza bajo los parámetros del sistema penal acusatorio.
Por lo tanto, no dejó a un lado el proceso que se llevó en la Sala de Instrucción y decidió que la investigación por presunto soborno y fraude procesal iba a quedar en la etapa de imputación de cargos.
"Lo que tiene que hacer ahora la Fiscalía General de la Nación no es realizar una audiencia de formulación de imputación, sino, advirtiéndose superada esta etapa, decidir dentro del marco constitucional y legal, si presenta escrito de acusación, solicitud de preclusión o da lugar a la aplicación de un principio de oportunidad", explicó en ese momento el Juez Cuarto Penal.
La tutela de Uribe contra el juez
La tutela de Uribe contra el juez se interpuso porque, para sus abogados, hubo una vulneración al debido proceso y a la defensa al determinar que el exmandatario ya se encuentra en calidad de "imputado" en los términos de la Ley 906 de 2004.
En el documento, que fue presentado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se dice que el Juez Cuarto Penal incurrió en un claro "defecto orgánico" al pronunciarse y decidir "sobre aspectos para los cuales carecía de competencia".
"El juez accionado desbordó su competencia funcional para pronunciarse sobre aspectos que ya habían sido definidos, por la autoridad competente, así como de otras cuestiones sobre las cuales no versaba la petición elevada por el suscrito en la audiencia innominada", dice la tutela de Uribe.
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Indica que, a pesar de que el tema sobre la no equiparación entre la formulación de imputación y la indagatoria fue objeto de amplio debate en la audiencia, lo cierto es que la petición que se formuló tenía que ver con el restablecimiento del derecho a la libertad y no era una petición abierta a fin de que se adecuara el trámite a la ley 906 de 2004 y se definiera el estadio procesal en el que debía continuar, pues "ello le correspondía a la Fiscalía".
En tal virtud, la defensa del máximo líder del partido Centro Democrático señaló que "resulta exótico" que el Juez Cuarto Penal haya direccionado su decisión a resolver varios aspectos sobre los cuales no se le había pedido definición a la judicatura, tales como que el trámite debía ajustarse a la ley 906 de 2004, el estanco procesal en el cual debía continuar la actuación y la validez de todas actuaciones adelantadas por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Por esa razón, se solicitó que se declare que se han vulnerado los derechos fundamentales del exmandatario en tanto que en su caso ya se le está dando la condición de imputado y se pidió dejar sin efectos lo decidido por el Juez Cuarto Penal.
