Álvaro García Romero, el exsenador relacionado a la masacre de Macayepo, será aceptado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas lo aceptó como Agente de Estado no Integrante de la Fuerza Pública.
El exsenador fue condenado a una pena de 40 años de cárcel, una de las sanciones más altas en contra de los congresistas que tuvieron nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y participaron en sus crímenes.
García se comprometió en aportar la verdad detallada, exhaustiva y extraordinaria ante la JEP. Con la decisión adoptada por el alto tribunal, la JEP busca descubrir cómo eran las relaciones de dirigentes políticos con grupos paramilitares.
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El exsenador permanecerá recluido en la cárcel la Picota. Su casa permitirá trabajar por la no repetición, ayudará a desmontar las estructuras de poder que se han encontrado detrás del paramilitarismo.
Según la Resolución 699 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el compromiso del exsenador de Sucre “ofrece una expectativa legítima de contribución a la reparación integral a las víctimas, el cual, podrá ser perfeccionado en tanto se surtan las distintas etapas ante la Jurisdicción Especial para la Paz y se promuevan los distintos escenarios dialécticos con participación de las víctimas”.
El plan de contribuciones parcial presentado por Álvaro García Romero propone: “aportar verdad sobre las diferentes reuniones en donde se creó el bloque Montes de María de las AUC y de las reuniones de Ralito y Chibolo; sobre su participación en la masacre de Macayepo; el contrato de la Guaripa que sirvió como financiación de la creación del nuevo grupo de las AUC; la muerte de Georgina Narváez y el vínculo existente con Salvador Arana”.
El político condenado por la masacre de Macayepo tendrá que entregar la verdad sobre “los acuerdos que se dieron para apoyar candidaturas a diferentes cargos de elección popular; el nombramiento de miembros de las AUC en la administración pública; la operación de las Convivir en Sucre y los atentados contra funcionarios públicos”.
