Este viernes la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el requerimiento del general retirado de la Policía al sometimiento de la justicia transicional luego de que su caso estuviera en manos de la justicia ordinaria.
Además, el tribunal transicional le dio un plazo de 20 días a Mauricio Santoyo para que se pronuncie sobre la forma cómo contribuirá al esclarecimiento de la verdad, sobre acusaciones en su contra por delitos de concierto para delinquir agravado y su coautoría en la desaparición forzada de varias personas.
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Según lo mencionado por la JEP, el general retirado solicitó trasladar la totalidad de su expediente desde la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia a la JEP para pasar a la justicia transicional.
“El 3 de julio de 2021 se incorporó al expediente SAJ de la referencia un escrito suscrito por el GR (r) Santoyo Velasco en el que solicitó que se le acogiera en la Jurisdicción Especial para la Paz en relación con el proceso penal que se adelantaba en su contra ante la jurisdicción ordinaria”, dice el comunicado publicado por la JEP.
Además, la Jurisdicción Especial de Paz anunció la concesión del beneficio de ser recluido en una unidad policial en lugar de una cárcel “en relación con los procesos penales por los que es investigado”.
Cabe recordar que en abril de 2020 un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica del general en retiro Mauricio Santoyo Velasco, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Según en el comunicado, "en el curso de las investigaciones se constató que el exoficial constituyó un patrimonio de $6.193’415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensa, mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1999 y 2009"
El general Santoyo terminó de pagar en 2019 los seis años a los que fue condenado en Estados Unidos por la colaboración con grupos paramilitares y conspirar para el tráfico de narcóticos con el clan criminal conocido como 'La Oficina de Envigado'.
Testimonios obtenidos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, los cuales fueron verificados, permitieron conocer que la organización narcotraficante ‘La Oficina’ y cabecillas del entonces AUC, supuestamente, le pagaron a Santoyo Velasco para que lograra dejar en libertad a integrantes de esas estructuras y los alertara sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública.
