Antonella y Sofía, hijas de Gustavo Petro, recibirán una millonaria indemnización por las chuzadas de las que fue víctima su padre y otros miembros de su familia entre los años 2002 y 2010.
Cabe recordar que, en agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación al declarar administrativa y extracontractualmente responsables al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) por el "daño antijurídico" ocasionado.
La demanda por las chuzadas del DAS a Gustavo Petro y a su familia fue presentada el 18 de mayo de 2012 y se admitió el 23 de agosto de ese mismo año. En el recurso se argumentó que dichas entidades debían ser declaradas responsables por los daños ocasionados como consecuencia de las conductas ilegales realizadas en su contra entre esos años.
Los hechos específicos que en criterio de los demandantes ocasionaron tales daños antijurídicos son: "las amenazas producidas como consecuencia de las declaraciones dadas por el entonces presidente Álvaro Uribe, la falta de protección ante las amenazas hechas a los accionantes, chuzadas del DAS y otras actuaciones ilícitas".
En su momento, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se opuso a las pretensiones de la demanda porque, según mencionó en ese entonces, desconocía la ocurrencia de los hechos descritos.
El DAS, por su parte, alegó que en la demanda por las chuzadas a Gustavo Petro y a su familia no se acreditaron los elementos necesarios para que se configurara su responsabilidad. Indicó que "las conductas imputadas se efectuaron de manera personal e ilícita, sin orden judicial alguna que las amparara o legitimara, por lo que no se les podía adjudicar como institución".
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró todo lo contrario. Con base a los elementos materiales probatorios presentados acreditó las chuzadas a Gustavo Petro, y estableció que el hoy senador de la Colombia Humana fue víctima de interceptaciones, seguimientos, desprestigio y asedio por parte de esa instituciones oficiales.
Por esa razón, condenó a la Nación y le ordenó el pago de una millonaria suma de dinero por concepto de perjuicios morales.
La indemnización contemplada para Gustavo Petro por estos actos es de 100 salarios mínimos. Su esposa, Verónica del Socorro Alcocer, recibirá una suma de 80 SMLMV, al igual que dos de sus hijos de su anterior matrimonio.
Otros miembros de su familia que tendrán indemnización son su hermana, hermano, padre y madre, quienes recibirán una suma entre los 50 y 80 salarios mínimos.
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En esa primera decisión, las hijas de Gustavo Petro habían quedado por fuera. Sin embargo, el Tribunal de Cundinamarca las adicionó en la sentencia en calidad de víctimas, con una indemnización de 80 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, cada una recibirá 72.682.080 pesos.
