El fiscal general Francisco Barbosa no se declaró impedido para conocer detalles de la investigación por presunta manipulación de testigos que cursa en contra del expresidente Álvaro Uribe Velez y, con cinco argumentos, le explicó a la Corte Suprema de Justicia el porqué.
Esta respuesta por parte del actual jefe del ente investigador se dio tras la recusación que realizó Ivan Cepeda, quien se presenta como víctima en el proceso penal que tiene al exmandatario en detención domiciliaria.
El senador del Polo Democrático presentó este recurso en contra del fiscal Barbosa porque, a su juicio, no le brinda imparcialidad en el proceso por su cercanía al presidente Iván Duque, quien hace parte del partido político en donde Uribe Vélez es considerado como el líder natural.
En una carta enviada a la Corte Suprema de Justicia el fiscal Francisco Barbosa explicó las razones por las que ni él, ni la vicefiscal Martha Mancera, se declaran impedidos en el caso de Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude procesal.
Barbosa señaló que el escrito de recusación debió presentarse, en primer lugar, ante el despacho del fiscal general y la vicefiscal general. Sin embargo, aseguró que el solicitante, al acudir directamente a la Corte Suprema, "omitió tal procedimiento".
La segunda razón del fiscal Barbosa es que las causales de impedimento y recusación son taxativas. Argumentó que estas están definidas en la ley y no admiten interpretaciones flexibles, extensivas o analógicas como las que propone, según dijo, el apoderado de la víctima.
"No es la apariencia ni la percepción razonable de parcialidad aquello que, bajo la postura subjetiva de alguna de las partes o intervinientes, debe definir la configuración de estas causales, sino la acreditación cierta, objetiva y sustentada de alguno de los eventos expresamente definidos por el Legislador para salvaguardar la imparcialidad del funcionario", señaló.
Por otro lado, mencionó que no existe vínculo alguno entre los funcionarios recusados y el procesado, "con la dimensión suficiente para afectar su imparcialidad en este caso".
"Los argumentos y situaciones que expuso el apoderado de la víctima no pasan de ser conjeturas y descalificaciones personales sin ningún fundamento jurídico que se soportan en un punto de partida irrazonable: que el fiscal general y/o sus delegados sufrirán presiones externas indebidas y que actuarán de conformidad con ellas", indicó.
El fiscal Barbosa aseguró, por otro lado, que "no existe ningún vínculo de amistad íntima entre los funcionarios recusados y el señor Álvaro Uribe Vélez" y que tampoco es cierto que él no haya actuado con independencia respecto al presidente Iván Duque y sus allegados.
"El presidente de la República, valga reiterarlo, no es el procesado en esta investigación", recalcó.
El jefe del ente acusador mencionó en cuarto lugar que los argumentos para recusarlo "carecen de todo fundamento jurídico", pues, entre otras razones, el apoderado de la víctima da por sentado el impedimento de todos los funcionarios "sin saber ni siquiera quiénes son ni bajo qué causales estarían incursos".
Por último, el fiscal Barbosa manifestó que si cada suspicacia, expresión o coyuntura política minara la independencia o imparcialidad del órgano persecutor y tuviera que convocarse, bajo las sospechas o percepciones de los opinadores de turno la designación de un fiscal ad hoc, el cumplimiento de la misión de la Fiscalía y sus delegados "se tornaría imposible y carecería de sentido".
"En un Estado de Derecho se deben adelantar las investigaciones de los hechos que revisten las características de un delito por medio de instituciones ya existentes y con las autoridades previamente investidas por la Constitución, sin importar quién es el sujeto pasivo de la acción penal", finalizó.
