Han pasado 13 años desde las “ejecuciones extrajudiciales” de cuatro estudiantes mexicanos en un bombardeo realizado por el Ejército colombiano en la llamada Operación Fénix en la selva de Sucumbíos, Ecuador.
Pese a que ha transcurrido más de una década, los familiares de las víctimas aseguran que los Estados de Colombia, Ecuador y México no han impartido justicia, castigado a los responsables ni reparado los daños causados.
Sin embargo, las familias ven como una “esperanza” la llegada del caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) para que se haga justicia por este ataque en el que fueron asesinados los jóvenes Juan González, Verónica Velásquez, Fernando Franco y Soren Ávila, y en el que Lucía Morett resultó herida.
En entrevista con la Agencia Anadolu, las familias coinciden en que hay un “avance lento” por parte de los Estados implicados y que altos funcionarios colombianos no han asumido su responsabilidad. “Los jóvenes no fueron asesinados únicamente, sino ejecutados extrajudicialmente”, asegura Israel Ávila, hermano de Soren.
“No hemos renunciado a la reparación integral de los daños y de castigo a los culpables. En estos 13 años ninguna organización ha bajado la intensidad de las actividades”, señala Xóchitl Franco, prima de Fernando, quien destaca que ha habido “poca voluntad” de los gobiernos.
“Ahora el caso está en una situación favorable después de 13 años: llegamos a la Comisión Interamericana. Estamos esperando la admisibilidad del caso en lo relativo a Colombia. Estamos en esa espera y posteriormente tendremos la estrategia de seguir en cada uno de los Estados implicados”, añade Franco.
En ese sentido, mantienen la esperanza de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se diferencie de los anteriores mandatarios mexicanos y les preste atención y tome acciones con respecto al caso Sucumbíos.
Por eso, y para llamar la atención con respecto al momento en el que se encuentra el caso, el lunes pasado decenas de personas se manifestaron frente al Consulado de Colombia en Ciudad de México.
Crisis diplomática
La Operación Fénix tuvo como principal objetivo al guerrillero Raúl Reyes, segundo al mando de las Farc en aquel tiempo. El bombardeo se realizó en territorio ecuatoriano, lo que desató una crisis diplomática entre ambos países e, incluso, la acción fue calificada por Ecuador como “una transgresión a la soberanía e integridad territorial”.
No obstante, desde que sucedió el bombardeo en Sucumbíos, Ecuador, el 3 de marzo de 2008, los avances de los Estados mexicano, ecuatoriano y colombiano han sido “lentos”, pese a que se han presentado varias denuncias.
En el caso de México, de acuerdo con Yvana Minault, abogada de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humano (INREDH), “hubo un silencio total por parte del Estado mexicano hasta que se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero igualmente hubo silencio: no investigaron los hechos, no se pronunciaron, no hicieron nada”.
En lo que respecta a Colombia, la integrante del equipo jurídico de INREDH explica que el Estado fue omiso en investigar, pese a que los responsables del ataque fueron militares colombianos.
“Ellos no abrieron una investigación después de nueve meses (del bombardeo) y, finalmente, la abrieron pero dicen que en el derecho colombiano no existe un delito tipificado para lo que pasó y que no tomarán ninguna sanción porque no hubo delito. Dicen que le toca a Ecuador investigar, porque pasó en su territorio”, añade Minault.
Para Israel Ávila, la búsqueda de la justicia no solo se enmarca en señalar a los Estados responsables, sino a la línea de mando completa, que va desde el expresidente Álvaro Uribe, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y los generales Óscar Naranjo y Freddy Padilla. “Todos en la línea de mando son responsables de esta ejecución extrajudicial”, asegura.
Por otra parte, desde el lado de Ecuador la abogada Minault señala que los avances no distaron sustancialmente de lo hecho por México y Colombia y que el proceso se encuentra “estancado” desde 2014.
Por lo anterior, las organizaciones y los familiares interpusieron la petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 25 de marzo del 2014. Desde esa fecha hasta la actualidad, casi todos los Estados se han quedado en la “posibilidad” de enviar sus observaciones sobre el caso a la Comisión.
Hasta el momento solo Colombia ha enviado sus observaciones, de tal modo que se espera la admisibilidad, mientras que México y Ecuador no las han enviado. “Para México y Ecuador, ninguno de los dos Estados envió sus observaciones y demuestra la falta de colaboración y voluntad (…) Lo que se intenta hace por parte de México y Ecuador es hacer esperar; es su estrategia ante la Comisión”.
“Ha sido una lucha constante. Ha sido tocar puertas”, apunta Ana Ramírez.
Dignificación
Las familias entrevistadas recuerdan el “camino tortuoso” que han recorrido desde que se enteraron de la masacre y que también estuvo marcado por filtraciones a los medios de comunicación de los tres países en las que se vinculaba a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con la guerrilla de las Farc.
En su momento, en marzo de 2008, Morett, la única sobreviviente, envió una carta en la que señalaba: “Nosotros no cometimos ningún delito: ingresamos y transitamos legalmente en Ecuador y participamos en actividades públicas. En cambio, arteramente se nos acribilló”.
La abogada Minault no solo reprueba las acusaciones por falta de sustento, sino porque los cinco estudiantes tenían boleto de regreso a México.
Por eso, a 13 años de lo sucedido, como parte de la reparación de daños que piden las familias, estas han exigido una disculpa pública cuya difusión alcance a los medios de comunicación, los cuales todavía tienen notas y reportajes que en su momento consideran que “estigmatizaron” la memoria de los estudiantes.
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“En la administración de Felipe Calderón hubo una cacería de brujas”, apunta Xóchitl en relación con comportamiento de dicho Gobierno, señalado de emplear el espionaje y la persecución durante el periodo 2007-2012.
Xóchitl, Israel y Ana recuerdan a sus familiares como estudiantes enamorados de la literatura, la filosofía y la poesía, por ejemplo, de Mario Benedetti y de Roque Dalton; así como de las artes y del ajedrez. Eran jóvenes universitarios de la UNAM que siempre estaban presentes en los movimientos sociales que abogaban ante las injusticias.
Dicharacheros y apreciados en sus respectivas comunidades, las familias los describen como un grupo de amigos ávidos de conocimiento y de alzar la voz cuando era necesario.
“Eran cuatro jóvenes de zonas populares que les gustaban los libros. Tenían toda una vida antes de esto”, comenta Franco, quien apunta que es necesario recoger la “memoria histórica” de ellos.
Durante las protestas de años anteriores, la última de ellas frente a Palacio Nacional en marzo de 2020, se han acercado personas que conocieron a las víctimas en diferentes etapas de sus vidas (en la escuela, en el trabajo, en las protestas) para rendirles un homenaje.
Si bien hasta el momento las respuestas del gobierno de López Obrador no han sido del todo activas, sus políticas les brindan una “esperanza” a estas familias, y también el hecho de que ahora el canciller sea Marcelo Ebrard, quien en su momento fue uno de los políticos más conocedores y solidarios ante este caso, que para ellos “se convirtió en un conflicto geopolítico donde quedaron de último las víctimas”, según concluye Israel.
