El exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente rindió interrogatorio ante la Fiscalía General con el fin de desenredar el escándalo en el que está involucrado por la ‘narcofinca’ que fue hallada el pasado 12 de febrero en el municipio de Guasca, Cundinamarca.
La diligencia se desarrolló a las 2:00 p.m. del miércoles 9 de diciembre. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia fue el encargado de escuchar al exfuncionario para determinar si hay elementos suficientes para imputarle cargos o, por el contrario, se cierra la investigación.
Tras el interrogatorio, el exembajador Sanclemente aseguró que "está tranquilo" porque no tenía conocimiento de las actividades delictivas que se realizaban en la finca que es de su propiedad y de su familia.
"Me siento muy tranquilo. Resolvimos cualquier duda que tuviese la Fiscalía sobre los hechos que yo conocía frente al hallazgo del laboratorio. Obviamente estoy obrando con total tranquilidad y confiando en la administración de justicia", indicó.
El abogado Iván Cancino, defensor del exembajador Sanclemente, aseguró que su cliente "es una víctima" de la 'narcofinca' y que en el interrogatorio se aportaron las pruebas claves para demostrar su inocencia.
"Entregamos elementos materiales probatorios que dan tranquilidad a la justicia y al país, cuando se conozca el obrar absolutamente transparente de Sanclemente y su familia", dijo el penalista a los medios de comunicación.
¿Qué fue lo que se encontró en la finca?
En los allanamientos que realizaron las autoridades el 12 de febrero se encontraron 6.896 kilos de sustancias químicas para elaboración de clorhidrato de cocaína, 9.453 gramos de cocaína y pasta base de cocaína.
En el proceso fueron capturadas cinco personas señaladas de custodiar y trabajar en los tres laboratorios. Los sujetos fueron enviados a Bogotá y en las audiencias concentradas una fiscal les formuló cargos por tráfico de estupefacientes agravado y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.
A uno de ellos se le imputó el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones, debido a que fue detenido minutos después de lanzar a una zona boscosa un revólver calibre 38 con 12 proyectiles.
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Los involucrados son: Cristian Aníbal Gómez Vanegas, Yefer Iván Castillo Gómez, John Jairo Morales Zambrano, Dumer Gustavo Bohórquez y Pablo Emilio Castillo Perilla.
Un juez de control de garantías avaló los argumentos de la Fiscalía y les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Algunos ya recibieron condena por estos hechos.
Según el ente investigador, estas tres construcciones tenían una capacidad de procesar una tonelada de estupefacientes al mes.
La investigación tuvo origen en un informe presentado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en el que se precisó que una organización delincuencial sería la responsable del envío periódico de toneladas de cocaína a Norteamérica.
