Félix Antonio Ávila López, exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el departamento de Putumayo, recibió la máxima sanción disciplinaria por la violación a unas menores de edad.
La Procuraduría General de la Nación lo sancionó con destitución e inhabilidad de 20 años por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El ente de control lo encontró responsable del acceso carnal a una menor perteneciente a la etnia Inga, quién para la época de los hechos tenía 13 años de edad.
También se demostró el segundo cargo endilgado a Félix Ávila López por actos sexuales con menor de 14 años, y por inducirla a que observara el acceso a su amiga de 14 años, con lo que permitió que la víctima fuera testigo de hechos no adecuados para su formación sexual.
Por otro lado, la Procuraduría confirmó que el funcionario utilizó la sede del Instituto de Medicina Legal para recibir a las menores con propósitos diferentes a la misión de la entidad, abusando de su cargo "para realizar tocamientos y dar besos a las niñas a cambio de dinero, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad familiar, afectiva y económica de la niña de 13 años”.
El exdirector de Medicina Legal en Putumayo también fue hallado responsable de un tercer cargo, peculado por uso, porque utilizó la camioneta asignada a la dirección para trasladar a las menores a un motel.
"El ente de control calificó la conducta de Ávila López en los tres cargos formulados como faltas gravísimas, a título de dolo, porque era consciente del comportamiento que desarrollada, máxime cuando era un tema que manejaba en su función como servidor público y en su condición de médico y director seccional del instituto de Medicina Legal en Putumayo, con lo que afectó los derechos de la víctima menor de edad perteneciente a la comunidad indígena Inga, derechos que prevalecen sobre los demás por mandato constitucional”, indicó el Ministerio Público.
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De igual manera, se estableció que el exfuncionario generó un daño social porque su proceder, que fue objeto de repudio ciudadano, ocasionó un grave perjuicio a la institucionalidad y legitimidad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, agravado en el hecho de que su condición de directivo lo obligaba a tener un mayor respeto hacia su víctima.
