La Procuraduría General de Colombia (Ministerio Público) sancionó con una inhabilidad de 20 años para contratar con el Estado y una multa millonaria a los exdirectivos de la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia.
"Inhabilidad por el término de 20 años para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con éste", señala el documento de la Procuraduría, revelado de manera parcial en la página web de la emisora RCN Radio, que tuvo acceso al mismo.
Los sancionados son Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht en Colombia, y Eder Paolo Ferracuti, representante legal de la Concesionaria Ruta del Sol, socia de la brasileña en este país, quienes además deberán pagar una multa cercana a los 17.000 millones de pesos (unos 4,9 millones de dólares).
Martorelli es señalado de no velar "por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias" y por no obrar de buena fe en favor de los recursos públicos y de la nación, mientras que Ferracuti es señalado de "apropiarse, directa o indirectamente en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente, además de abusar de los derechos o extralimitarse en las funciones".
El Ministerio Público compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que abran investigaciones penales y fiscales contra ambos exdirectivos.
Colombia es uno de los 12 países de América y África en los que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos para beneficiarse con la adjudicación de contratos de infraestructura, lo que hacía desde finales de los años 80 y para la cual creó en 2010 una división denominada 'Sector de relaciones estratégicas'.
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La multinacional brasileña habría pagado hasta 84.000 millones de pesos (unos 29 millones de dólares) en coimas en Colombia para beneficiarse con la adjudicación de contratos.
Según la Fiscalía General, en el país se investigan más de 100 contratos relacionados con Odebrecht, se han abierto investigaciones a más de 170 personas y 20 personas más permanecen privadas de la libertad.
