El exsenador Richard Aguilar lleva una semana privado de la libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia, quien le sigue una investigación por supuestos actos de corrupción.
Fue la Sala Especial de Instrucción la que dictó la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra del excongresista del partido Cambio Radical.
Los delitos por los que es investigado son: contrato sin cumplimiento de requisitos legales (determinador), interés indebido en la celebración de contratos (autor), concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros (coautor).
La captura de Richard Aguilar se realizó hacia las 10:00 de la noche del pasado martes 27 de julio, cuando miembros del CTI llegaron hasta su apartamento ubicado en la calle 92 de Bogotá y lo condujeron hacia el búnker de la Fiscalía.
Sin embargo, en las últimas horas se conoció que desde el pasado viernes 30 de julio el exsenador salió del búnker para ser trasladado hacia un centro de reclusión.
El Inpec confirmó que el sitio de reclusión de Richard Aguilar es el batallón de artillería número 13 en Bogotá. Allí permanecerá mientras se sigue el proceso en su contra.
Cabe resaltar que Iván Cancino, abogado de Aguilar en este proceso, dijo en anterior diálogo con KienyKe.com que su cliente renunció al Congreso para enfocarse 24/7 en su defensa.
¿Cuál es la investigación en su contra?
El alto tribunal de justicia explicó que la providencia fue adoptada en desarrollo de la investigación por supuestas irregularidades en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015, cuando el exsenador Richard Aguilar se desempeñaba como gobernador del departamento de Santander.
La Sala de Instrucción indicó que estos hechos también lo involucran en una posible concertación para delinquir y en los cuales, al parecer, "abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado –para sí y para otros– de dineros públicos".
Según la Corte Suprema, en el proceso se ha evidenciado que en la celebración de los negocios jurídicos cuestionados, el entonces mandatario regional le habría ordenado a algunos funcionarios de la gobernación favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él.
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Las supuestas irregularidades que cometió tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca (2014).
"Teniendo en cuenta que la investigación adelantada por la Corte implica a otros posibles partícipes en los hechos de corrupción administrativa indagados, la Sala Especial de Instrucción compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las eventuales acciones penales que considere pertinentes", finalizó en su comunicado la Sala de Instrucción.
