En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que, formuló pliego de cargos al director nacional de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos, Ct. Charles Wilber Benavides Castillo, por presuntas irregularidades en la adquisición de 30 camiones cisterna por $13.191 millones.
Según informó el ente de control investiga al funcionario por la celebración en forma directa de los contratos de compraventa CUM No. 183, CUM No. 184, CUM No. 185 y CUM No. 186, por medio de los cuales se adquirieron los camiones cisterna, y en los que al parecer se omitió el trámite de convocatoria pública de oferentes y de selección objetiva de contratistas.
"Presuntamente se invocó como sustento de la contratación directa la urgencia manifiesta declarada mediante Resolución No. 050 del 24 de marzo de 2020, al considerar la adquisición de las máquinas como necesarias para atender el estado de emergencia, al parecer sin justificación", explicó la Procuraduría.
Dicha compra se habría realizado sin contar con una base técnico-científica suficiente que permitiera colegir la funcionalidad y/o eficiencia de los vehículos cisterna, y una definición concreta de estrategias asociadas a la operación de los mismos frente a la contingencia generada por el Covid-19. Al parecer, el investigado desconoció los principios de transparencia, igualdad y publicidad de la contratación estatal.
En un segundo cargo, la PGN cuestionó a Benavides Castillo una presunta falta disciplinaria por presuntamente fraccionar el objeto contractual en cuatro negocios jurídicos con las empresas Accesorios y Sistemas S.A. -Accequip-, Lafe Securuty EU, Alpercorp Colombia S.A.S e Ingeniería Contra Incendio y Seguridad Industrial –Incoldext S.A.S., con lo que habría omitido la convocatoria a licitación pública para desarrollar el proceso.
Según el material probatorio, la adquisición de los vehículos estaba contemplada en la Propuesta del Plan de Inversión 2020, como parte del proyecto: Fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos de Colombia, lo que indicaría que la contingencia presentada no era impedimento para tramitar la licitación o concurso como mecanismos idóneos.
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La Procuraduría calificó provisionalmente las presuntas faltas del investigado como gravísimas a título de culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.
Vale la pena mencionar que, en los últimos meses de 2020 se formularon pliego de cargos a varios funcionarios por presuntas irregularidades en contratos firmados en el marco de la pandemia de Covid-19.
Uno de los casos fue el de el exalcalde de Los Mártires, Raúl Hernando Esteban García, quien celebró un contrato de cooperación interinstitucional entre la Alcaldía de la localidad de Los Mártires y la Cruz Roja. Dicho contrato, cuyo valor ascendió a 600 millones de pesos, contempló para su ejecución 180 días y tenía como objeto prestar atención humanitaria de emergencia para la preservación de la vida. En el cual se detectaron presuntas irregularidades.
También, el de la exalcadesa de la localidad de Bosa y actual mandataria local de Los Mártires, Tatiana Piñeros Laverde, quien fue imputada por presuntas irregularidades de contratación al amparo de la emergencia social y sanitaria decretada para atender las necesidades de la ciudadanía durante la pandemia.
Como alcaldesa encargada de Bosa, entre febrero y abril del presente año, Piñeros decretó la urgencia manifiesta para hacer frente a la pandemia durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio y suscribió el contrato 022 de 2020, por valor de 4 mil millones de pesos, para adquirir mercados y elementos de aseo para familias vulnerables de ese sector del suroccidente de la ciudad.
Los elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía evidenciaron ausencia de planeación y estudios previos de mercado, requisitos exigidos por la ley; además un supuesto direccionamiento del contrato y presuntos sobrecostos, entre otras inconsistencias. Por estos hechos el detrimento patrimonial ascendería a 304 millones de pesos.
