Un grupo de víctimas del conflicto armado, con el apoyo del Programa Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia, solicitó a la Corte Constitucional ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad con el argumento de que, de lo contrario, “se estarían vulnerando sus derechos e incumpliendo el Acuerdo de Paz”.
Las organizaciones Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria presentaron una demanda en contra de los artículos 1 y 24 del Decreto 588 de 2017 que creó esta entidad como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
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Según argumentaron, el periodo de funcionamiento de la Comisión de la Verdad es de tres años. Sin embargo, su trabajo se ha visto afectado por la emergencia sanitaria del Covid-19 y es necesario compensar los retrasos causados en beneficio de las víctimas.
“La imposibilidad de viajar a los territorios donde se vivió el conflicto armado ha perjudicado el cumplimiento de los cuatro objetivos de esta institución creada por el Acuerdo Final de Paz: el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición”, indicaron las organizaciones de víctimas a través de un comunicado.
La demanda fue admitida por la Corte Constitucional el pasado 14 de julio. En ella, las víctimas sustentaron que estos tres años de trabajo deben ser efectivos para cumplir con lo pactado en el Acuerdo Paz.
“Explicamos que la Comisión de la Verdad solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones de normalidad, lo que corresponde a un 40% de su periodo. El resto del tiempo, si bien no han suspendido las actividades, sí han tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades”, indicaron.
Las víctimas aseguraron que, lo más grave, es que si el periodo de tres años se mantiene como establece el Decreto 588 de 2017 y el mandato de la Comisión de la Verdad termina en noviembre de 2021, “se estaría incumpliendo el derecho de las víctimas a la verdad y la no repetición”.
“La razón es que la pandemia ha dificultado la recolección de información y la validación de los datos que necesita la Comisión para elaborar el informe final y así brindar el máximo nivel de verdad posible a las víctimas. Por un lado, en muchas zonas rurales donde ocurrieron hechos graves del conflicto no hay conectividad o la señal es de mala calidad; en otros lugares como las cárceles ha sido imposible recoger testimonios durante la pandemia”, dijeron.
Por otro lado señalaron que, además, las víctimas no sienten que la virtualidad garantice las condiciones de seguridad y confianza que necesitan para dar su testimonio de manera confidencial.
“A algunas personas del municipio de Granada, Antioquia se les propuso dar un testimonio de manera virtual y no lo quisieron hacer porque no sienten confianza. Si ya es duro dar un testimonio frente a frente, imagínese por un celular que no tiene alma”, resaltaron las víctimas citando a Gloria Elcy Ramírez, una de las demandantes y representante de Asovida.
Por último, los demandantes indicaron que creen necesario que la Corte Constitucional concluya que el periodo de tres años debe ser efectivo y, así, se encuentre una fórmula que permita compensar el tiempo perdido por la pandemia.
“Una posibilidad para calcular ese tiempo adicional es tener en cuenta el periodo de un año y dos meses comprendido desde el 12 de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria en Colombia, y el 31 de mayo de 2021, cuando entró en vigencia la reactivación económica”, mencionaron.
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Y agregaron, citando a Edgar Bermúdez, representante de Percadi: “Si queremos cumplir el mandato de que las víctimas somos el centro, como se dijo en los acuerdos de La Habana, la Corte Constitucional debería contemplar esta demanda para que la Comisión pueda hacer un informe contundente, enriquecido por todas las víctimas del conflicto”.
Cabe resaltar que la Comisión de la Verdad inició sus funciones el 28 de noviembre de 2018, ha sido dirigida por el padre Francisco de Roux y ha contado con la participación de reconocidas personas conocedoras del conflicto armado colombiano: los y las comisionadas de paz.
