Este miércoles 25 de agosto el general (r) Mario Montoya enfrenta una imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación por su supuesta responsabilidad en el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, mal llamadas como "falsos positivos".
Durante la audiencia la defensa del general (r) ha insistido en que esta diligencia no debería realizarse pues este tema es competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Lo anterior, sustentando que para iniciar el proceso el general señalado se presentó a la JEP desde el 17 de julio de 2018 y "firmó el formulario de sometimiento voluntario".
Así mismo, indicó que el 12 de febrero de 2020 Montoya fue citado a diligencia de versión voluntaria en el marco del caso por "falsos positivos".
"Ese sometimiento voluntario es muy importante porque excluye la posibilidad de que la justicia ordinaria conozca de cualquier actuación, cualquier diligencia judicial en un proceso por hechos directamente o indirectamente relacionados con el conflicto armado", explicó el abogado Andrés Garzón.
Además, resaltó que en este caso la competencia es preferente y exclusiva de la JEP. "Existe un conflicto entre jurisdicciones", sugirió.
La Fiscalía insiste en continuar con la investigación. Así mismo, el representante de las víctimas, Germán Romero, solicitó que se haga a un lado la discusión por competencias pues esa situación podría verse como una falta de respeto a las personas afectadas.
Romero también señaló que es necesario "actuar y avanzar en el proceso penal". Además, aseguró que la JEP no ha planteado ninguna discusión por competencia y la justicia ordinaria no puede evadir su responsabilidad.
Investigación sobre falsos positivos en la JEP
Cabe resaltar que, sobre "falsos positivos", la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya anunció sus dos primeras imputaciones.
La primera fue anunciada el pasado 6 de julio en contra de diez militares y un civil que habrían tenido participación en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo, las cuales fueron presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008 para aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar.
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La segunda fue informada el pasado 15 de julio en contra de 15 miembros del Ejército Nacional que hicieron parte del Batallón La Popa, ubicado en la ciudad de Valledupar (Cesar).
Entre los que fueron llamados a responder está Hernán Mejía, quien estuvo al frente de ese batallón para la fecha que ocurrieron los hechos: 2002 y 2003.
