La defensa de Álvaro Uribe ha hecho duros pronunciamientos tras la decisión que tomó el pasado martes 4 de agosto la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de mandar al expresidente a detención domiciliaria mientras se avanza con el proceso penal en su contra por presunta manipulación de testigos.
El abogado Jaime Granados, su representante en este caso, ha preferido mantenerse al margen de los medios de comunicación. Sin embargo, ha publicado varios comunicados en los que manifiesta su rechazo a la decisión del alto tribunal y explica, desde su versión, los detalles del proceso.
Aseguró que Álvaro Uribe Vélez es completamente inocente de los señalamientos en su contra y que la determinación de impedirle que se defienda en libertad es una medida “desproporcionada e injusta”.
“La privación de la libertad de Álvaro Uribe es un hecho injusto e innecesario, pues el expresidente ha cumplido todos los llamados de la justicia, ha evidenciado su voluntad de colaborar y de ninguna manera ha entorpecido dicho proceso. La decisión viola el legítimo derecho de asumir su defensa en libertad, especialmente cuando no ha sido acusado y mucho menos condenado”, resaltó.
Granados manifestó que esta medida no tiene nada de preventiva y que, por el contrario, es vengativa.
Los magistrados de la Sala de Instrucción explicaron que la detención domiciliaria contra Álvaro Uribe fue ordenada de manera unánime tras analizar los testimonios, grabaciones e interceptaciones telefónicas que indicarían su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.
Al exmandatario se le señala de haber manipulado el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve a través del abogado Diego Cadena para que, a cambio de dinero y beneficios carcelarios, torciera su versión en contra del hoy senador Iván Cepeda en medio de una investigación adelantada por la Corte Suprema. En este proceso Cepeda es la parte civil en calidad de víctima.
El papel de Diego Cadena
El abogado Diego Cadena enfrenta un proceso penal paralelo por este mismo caso. La Fiscalía le imputó el pasado lunes 27 de julio los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal porque, al parecer, entre los años 2017 y 2018 recorrió varias cárceles del país con el fin de buscar testigos que declararan en favor de Álvaro Uribe.
Al igual que el exmandatario, Cadena se encuentra en detención domiciliaria mientras avanza la investigación en su contra.
Daniel Hernández, fiscal del caso, dijo que, hacia las 4:00 de la tarde del 18 de julio de 2017, Cadena se dirigió hacia la cárcel de Palmira para encontrarse con Carlos Enrique Vélez, alias Victor, y en esa reunión le ofreció una suma de 200 millones de pesos “para que dijera que Iván Cepeda recorrió varias prisiones buscando testigos que pudieran presentar pruebas en contra del expresidente Uribe”.
Según mencionó, el abogado Diego Cadena sobornó al exparamilitar para que dijera ante la Corte Suprema que Cepeda le ofreció beneficios carcelarios, el mejoramiento de sus condiciones y verificación de sus procesos a cambio de que manipulara su versión.
Hernández señaló que, el 22 de febrero de 2018, Diego Cadena volvió a cometer, supuestamente, su acto criminal. Indicó que se dirigió a la cárcel La Picota de Bogotá y, de la misma manera, buscó a Juan Guillermo Monsalve para que, a cambio de asesorías jurídicas y tramitar su ingreso a la JEP, manifestara que fue abordado por Cepeda con el fin de declarar contra Uribe Vélez.
Iván Cancino, abogado de Diego Cadena en este proceso, dijo a KienyKe.com que, al contrario de lo que sustentó la Fiscalía, su cliente no engañó a la justicia ni trató de corromperla. Por esa razón, apeló a la medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado 35 de control de garantías.
El defensor mencionó que los dineros entregados a Carlos Enrique Vélez corresponden a una ayuda humanitaria, la cual está soportada en documentos que fueron presentados ante el despacho del juez.
Para Cancino los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve son los que han torcido varias veces su versión para desacreditar a Diego Cadena y al expresidente Álvaro Uribe. Afirmó que sus declaraciones están llenas de contradicciones y falsedades.
Versión sobre Juan Guillermo Monsalve
La defensa de Álvaro Uribe aseguró que jamás se sobornó a ningún testigo ni tampoco se dio instrucción para que se consiguieran declaraciones contra el senador Iván Cepeda.
Según indicó el abogado Jaime Granados, Juan Guillermo Monsalve fue visitado por Diego Cadena porque, a través de terceros, manifestó su intención de retractarse de las “infames” declaraciones que había hecho en el pasado en contra del exmandatario.
“La única petición de mi cliente, como se puede fácilmente corroborar en las propias interceptaciones, era que el testigo dijera libremente la verdad”, afirmó.
Granados mencionó que en abril de 2018 el abogado Diego Cadena le informó al expresidente Álvaro Uribe que Juan Guillermo Monsalve había hecho una carta en la que narraba la verdad de los hechos, planteándole que este había manifestado su preocupación por su situación de seguridad.
“El presidente, como corresponde, indicó que el testigo debía pedir directamente a la Corte Suprema las medidas de seguridad, comprometiéndose a coadyuvar dicha petición ante la Corte. Esto no constituye soborno alguno”, resaltó.
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La defensa de Álvaro Uribe indicó que el abogado Diego Cadena ha reconocido públicamente que ofreció su asesoría jurídica a Juan Guillermo Monsalve a efectos de una posible acción de revisión. Aseguró que esto fue mucho antes de haber informado tal situación al hoy senador del Centro Democrático, quien entendió que ello no conllevaba ninguna acción ilícita.
“Tal circunstancia no era una contraprestación, pues la supuesta carta, según informó Cadena, ya existía. Esto en ningún contexto puede entenderse como un soborno, pues nunca se le pidió, por parte del expresidente Uribe, que el testigo faltara a la verdad”.
Granados también aseguró que el expresidente Álvaro Uribe no instrumentalizó al representante Álvaro Hernán Prada, otro de los investigados, para que buscara sobornar a Juan Guillermo Monsalve.
Sobre Carlos Enrique Vélez, alias Victor
Jaime Granados aseguró que la visita que Diego Cadena le hizo a Carlos Enrique Vélez no obedeció a ninguna instrucción por parte del expresidente Álvaro Uribe. Según dijo, esta se trató de una verificación autónoma que el abogado realizó tras conocer, por su cuenta, una información en la cárcel La Picota de Bogotá.
“En ningún momento Álvaro Uribe autorizó o dio instrucción alguna para que al testigo se le hiciera cualquier tipo de ofrecimiento”, manifestó.
El defensor aseguró que en ningún momento el exmandatario autorizó giros por concepto de viáticos o ayudas humanitarias a Carlos Enrique Vélez ni a ningún otro testigo.
“Esta situación, que en nuestro criterio no constituye un soborno, solo fue informada por el abogado Diego Cadena al expresidente Uribe a mediados del años 2019, momento en el cual el doctor Uribe manifestó que de haber sido enterado no hubiera autorizado dicho proceder”.
‘Derechos vulnerados’ y hacer público el expediente
La defensa de Álvaro Uribe le pidió a la Corte Suprema de Justicia que se levante la reserva sumarial de todo el proceso, esto con el fin de que la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad en general "puedan constatar de manera integral la total inocencia de su proceder".
Según dijo, el proceso contra el máximo líder del Centro Democrático "se ha venido filtrando a cuentagotas a la opinión pública", de forma descontextualizada y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no las que están a su favor.
Jaime Granados indicó que la solicitud de hacer público el expediente se hace con la única intención de aportar mayor transparencia.
Además, en un comunicado publicado el pasado martes 11 de agosto, enumeró los principios y derechos jurídicos que, según él, se le han violado al exmandatario en todo este proceso. Entre ellos: la presunción de inocencia, investigación integral y objetiva, exclusión de la prueba ilícita e ilegal, derecho a interrogar los testigos del cargo, inviolabilidad de comunicaciones abogado - cliente y la imparcialidad.
El defensor anunció que, una vez estudiadas las 1554 páginas del documento en que la Corte Suprema de Justicia sustentó la medida de aseguramiento, se decidió que no se presentará ningún recurso de reposición.
