La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por el contrato adjudicado por el Ministerio de las Tecnologías a la Unión Temporal Centros Poblados. Contrato en el que se presentaron pólizas falsas y del que no se han podido recuperar los 70 mil millones de pesos que MinTIC entregó como anticipo al mencionado consorcio.
El ente de control dirigido por Felipe Córdoba indicó que también se investigarán las irregularidades en el control y seguimiento adelantado por la interventoría del contrato 1045 de 2020, además de la investigación por el manejo del anticipo de $70.243 millones que se le abonó a Centros Poblados para iniciar con la ejecución del contrato que buscaba prestar servicio de internet en 14.745 puntos digitales en zonas rurales del país.
Al trámite fiscal, que está a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría, fueron vinculados Adriana Vanessa Meza, representante legal delegada de Funtic; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual; Camilo Alberto Jiménez, supervisor del contrato 1043 de 2020; Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados; Carlos Enrique Páramo Samper, representante legal de la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; Jeremías Olmedo Cabrera Mosquera, representante legal de ICM Ingenieros S.A.S, entre otros.
Sumado a lo anterior, se ordenó el embargo de las cuentas de todos los funcionarios y contratistas implicados en el escándalo. Córdoba afirmó que pese a que el anticipo del contrato fue de $70.000 millones, la Contraloría está facultada para embargar el doble, es decir, $140.000 millones para salvaguardar los recursos públicos.
"Tenemos que verificar las cuentas y los datos que es lo que se tiene dentro del proceso para resguardar los recursos públicos. Los embargos correspondientes para resguardar no solo los 70.000 millones sino la norma nos permite resguardar hasta 140.000 millones y ya lo estamos haciendo", explicó.
Agregó que "el país puede estar tranquilo en que seguiremos trabajando en la recuperación de estos recursos rápidamente".
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Es clave mencionar que, el pasado viernes se adelantó la audiencia en donde el Ministerio de las Tecnologías ratificó la declaración de caducidad -vía acto administrativo- del contrato con Unión Temporal Centros Poblados por 1,07 billones de pesos para llevar internet a colegios del país.
La razón por la cual se caducó el contrato atiende a que Centros Poblados habría presentado garantías falsas del Banco Itaú para ganarse el millonario contrato.
"Hay ausencia de un garante, es decir, los documentos que soportan el contrato son inexistentes. Por lo que procede la caducidad. El Banco Itaú desconoce haber expedido las garantías y el contratista nunca allegó prueba ni siquiera sumaria contradiciendo lo dicho por el banco. Se incumple entonces la obligación de aportar garantía", expresó el MinTIC.
Al declarar la caducidad del contrato, este será asignado al que tuvo el siguiente mejor puntaje del proceso, entre las que se encuentran grandes opcionadas como ETB, HughesNet, Demnsa Tel, China Great Wall Industry, BT Latam, Net Colombia o Hispasat.
