La Fiscalía General dio a conocer este domingo 1 de agosto las condenas impuestas en contra de los siete militares del Ejército que aceptaron haber violado a una niña indígena en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda) en junio de 2020.
Tras la aceptación de los cargos, el juez 1 promiscuo del circuito de Apía (Risaralda) condenó a seis de ellos, en calidad de coautores, a una pena de 16 años de prisión.
El séptimo hombre fue condenado a 8 años de cárcel en calidad de cómplice de estos hechos que generaron indignación en el país.
Los militares condenados por la violación a la niña indígena son: Juan Camilo Morales Provea, Yair Stiven Gonzáles, Juan David Guaidia, José Luis Holguín, Óscar Eduardo Gil, Deyson Andrés Isaza y Luis Fernando Mangareth.
Estos uniformados estaban adscritos al Batallón de Alta Montaña en Génova (Quindío) y servían de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo con sede en Pereira.
La Fiscalía señaló que, a través de fiscales del Grupo de Trabajo Nacional de Género y de la Seccional Bogotá, se adelantaron más de 160 acciones investigativas que evidenciaron la participación de estos militares en la agresión sexual a la niña de 12 años.
La menor es perteneciente a la comunidad indígena Embera y los hechos ocurrieron el 21 de junio de 2020 en el corregimiento Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico.
Los siete militares permanecen privados de la libertad desde junio de 2020, cuando fueron capturados en Pereira.
Los hoy condenados por este caso también recibieron la máxima sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría: fueron destituidos e inhabilitados por 20 años.
Cabe resaltar que, en medio del juicio disciplinario, unos militares que no participaron en los hechos pero que pertenecen a la misma unidad militar de los siete soldados involucrados, afirmaron que le mintieron a la Fiscalía en medio del proceso penal cumpliendo las “órdenes y presiones de un superior”.
Según dijeron, un hombre identificado como el “sargento viceprimero Díaz” les ordenó ocultar el lugar en el que estuvieron cuando ocurrió el acto en contra de la menor, quien salió de su casa hacia el mercado local y al siguiente día fue hallada llorando cerca al corregimiento de Santa Cecilia, en Puerto Rico, Risaralda.
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Ante la Fiscalía, mencionaron que estaban alrededor de un colegio ubicado por las afueras de ese corregimiento y que “se movían todos los días”, cuando la verdad es que estaban instalados allí a pesar de que estaba prohibido.
“Nos dijo que no dijéramos lo que había pasado, que no dijéramos que estábamos en un colegio. Nos decía que nos podíamos ‘embalar’ nosotros si decíamos que estábamos en un colegio”, testificó ante la Procuraduría uno de los uniformados.
Otro de los soldados declaró que los superiores “los formaron y les dijeron exactamente qué decir”, pues si no se “podían meter en problemas”.
