Esta semana el responsable de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, afirmó que el país no logrará plenamente la paz si no cesa la violencia contra los líderes sociales y los excombatientes.
Ruiz Massieu dio la declaración en el más reciente informe de la Misión ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Puso como ejemplo el anuncio que hizo la Fuerza Pública esta misma semana de haber frustrado un intento de atentado contra la vida del líder del partido Farc, Rodrigo Londoño, planeado por disidencias de Farc. Ese episodio, añadió Massieu, puso de manifiesto los riesgos que corren los exmiembros de las Farc-EP y “el propio proceso de paz".
[single-related post_id="1236923"]
Según la Misión, el 2019 fue el año “más violento” para los excombatientes desde la firma del acuerdo de paz. Según sus cuentas, 77 exFarc fueron asesinados en 2019, 65 en 2018 y 31 en 2017.
En primera línea de defensa contra esas amenazas de seguridad está la Unidad Nacional de Protección (UNP), específicamente la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, una entidad creada por el Acuerdo de Paz que tiene como única misión proteger a los exmiembros de la guerrilla. La subdirección agrupa a casi 1200 escoltas que están encargados de la protección de los miembros del hoy partido Farc que han recibido amenazas. La subdirección recibe sus direcciones de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección conformada por cinco representantes del Gobierno y cinco de Farc.
Fabio Borges es delegado de Farc ante la Mesa Técnica y explica que la entidad enfrentó toda clase de dificultades para entrenar a los escoltas que estipulaba el Acuerdo de Paz y, ahora que lo logró, se da cuenta de que no son suficientes para la creciente demanda. Pide al gobierno que ponga en marcha estrategias integrales de seguridad, pues proteger a los más de 13.000 excombatientes de las Farc con un modelo de escoltas es imposible.
“El modelo de protección a través de la UNP está colapsando. El Estado quiere descansar el tema de la protección de la gente en unos escoltas a su alrededor, mientras no está combatiendo las causas”, advirtió Borges.
La desconfianza hacia el Estado
Borges admite que, aunque trabaja en la UNP y en conjunto con el Ejército y la Policía, aún siente un poco de desconfianza hacia el Estado y muchas de sus entidades. Recuerda la matanza que hubo contra la Unión Patriótica (UP) en la segunda mitad de los 80. El partido fue conformado en 1985, luego de que las Farc le propusiera a varios grupos guerrilleros crear una fuerza política conjunta, pero la iniciativa duró poco.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, por lo menos 4.153 miembros de la UP fueron asesinados, secuestrados o desaparecidos. En algunos de los atentados participaron miembros de los esquemas de seguridad de los líderes políticos. “Eso minó la confianza en el Estado”, cuenta Borges. Fruto de esa desconfianza, en el Acuerdo firmado en 2016 se creó la subdirección en la UNP que debe emplear gente de confianza de Farc.
Fabio explica que iniciar el proceso de contratación de excombatientes para el trabajo de escoltas fue bastante complejo. “Al principio los nuestros no estaban preparados y además había muchos problemas legales para que los excombatientes fueran contratados por la UNP como funcionarios públicos. Muchos no tenían cédula, libreta militar y otros papeles”, dice.
Mientras que los excombatientes se capacitaban, Farc tuvo que pedirles a empresas de seguridad que contrataran a miembros de sindicatos de escoltas para que la UNP pudiera empezar a suplir la demanda de protección para la Farc.
En agosto de 2018, luego de pasar por un curso de casi dos meses y análisis psicológicos, el primer grupo de unos 300 excombatientes se graduaron como escoltas. El pasado 10 de enero se graduó el cuarto curso. Actualmente hay 1191 escoltas dentro de la UNP específicamente para Farc. Dentro de esos hay 769 excombatientes, 147 mujeres, que pasaron de portar armas contra el Estado a hacerlo a favor de él.
Aún con todos los esfuerzos que hace la subdirección, cada día se hace más evidente que la demanda supera con creces la oferta estatal en materia seguridad. Según cuenta Borges, solo falta graduar unos 9 escoltas para completar los cupos estipulados en el Acuerdo de Paz, pero los esquemas que ya fueron aprobados por la Mesa Técnica están incompletos.
“Se necesitan cerca de 180 personas más para completar los esquemas que ya están implementados. Además, en estos días se aprobaron unos esquemas nuevos que no se han implementado ¿de dónde van a salir esos escoltas? Eso sin contar el montón de solicitudes que faltan por analizar”, dice Borges.
A la falta de escoltas se suma la desfinanciación de la UNP que, según Borges, ya llega a unos COP 200.000 millones. “La UNP sola no va a resolver el problema”, dice el exombatiente refiriéndose a las amenazas contra líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos y exmiembros de Farc.
Desescalar el conflicto, la única vía para la seguridad
“Este es un país con un gran dilema: tiene mucho más territorio que Estado”, dice Borges con algo de frustración por las dificultades que ha tenido la implementación del Acuerdo de Paz.
La seguridad, según el acuerdo de La Habana, se debe mirar de una manera integral. Es decir, abarca temas como la seguridad jurídica y económica de los excombatientes, la lucha contra la estructuras paramilitares y la participación política de Farc.
Borges está convencido de que la única forma de hacer realidad la protección hacia los excombatientes es poner en marcha todos los capítulos del Acuerdo. Por ejemplo, las disidencias son unas de las amenazas para la seguridad de los excombatientes y una de las formas de debilitarlas es agilizar los procesos de reincorporación económica para darles a los excombatientes incentivos para quedarse en la legalidad. “En la medida que se ha retrasado la reincorporación, las disidencias se han fortalecido”, dice Borges.
La desestigmatización de la Farc es otra necesidad apremiante. El peligro que representa el estigma hacia los miembros de Farc quedó en evidencia tras la muerte de Dimar Torres, un excombatiente que fue asesinado en Norte de Santander por miembros del Ejército. La Fiscalía indicó que el asesinato del exguerrillero fue planeado y ejecutado por miembros de la institución con la idea de vengar la muerte de un coronel. Mientras la justicia colombiana avanza en el caso, muchos excombatientes se preguntan si el estigma que cargó la fuerza pública en su contra durante cinco décadas podría detonar más episodios violentos de este tipo.
[single-related post_id="1238811"]
También es necesario poner en marcha lo estipulado en el Acuerdo en materia de lucha contra grupos paramilitares. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció el pasado 31 de diciembre que un grupo conocido como las Autodefensas Gaitanistas se tomó una vereda del municipio de Bojayá, en el Pacífico colombiano. La organización denunció que el grupo armado paramilitar entregó regalos a la comunidad y amenazó con matar a los líderes que denunciaran el hecho.
La reactivación del conflicto en muchas zonas de Colombia aumenta el riesgo no solo de los excombatientes y líderes sociales, sino de toda la comunidad. “Se están reciclando los conflictos. Hay que mirar la seguridad desde una perspectiva macro, holística. No podemos pretender la seguridad de los nuestros sin que todo el acuerdo se cumpla”, concluye Borges.
