Eduardo Noriega se posesionó como Secretario General de la alcaldía de Gustavo Petro con una espada de Damocles encima. Tenía un proceso en la Fiscalía por actuaciones suyas en el año 2002 cuando ocupó el mismo puesto en la desaparecida Comisión Nacional de Televisión. Guardaba la secreta esperanza de que el proceso no prosperara, y así lograría despejar su camino para acompañar a su amigo Gustavo Petro en un puesto crucial. Pero las cosas no salieron como lo esperaba.
El jueves 19 de julio, Noriega recibió un telegrama del Fiscal 61 Delegado ante el Tribunal de Bogotá. Se trataba de la notificación con la que ese despacho ratificaba una resolución de acusación en su contra.
Noriega quedó inmóvil. Jamás creyó que ese expediente llegaría a esas instancias. Entonces se dirigió al despacho de Petro. El funcionario llegó con la renuncia en la mano pues las circunstancias de un alcalde que había logrado el triunfo con las banderas de la lucha contra la corrupción, además de su cercanía y confianza personal con su jefe, hacían imperativo su retiro. La repercusión mediática volvería insostenible su permanencia en la secretaría general, por donde pasan decisiones y contratos millonarios.
Petro entendió las razones y acordaron su retiro para el viernes 27 de julio. Curiosamente cuando se hizo pública la decisión de Noriega, en los registros de la Fiscalía no aparecía su proceso. Por tal razón muchos creyeron que se trataba de una treta orquestada por Noriega para justificar una salida digna pero cuyas motivaciones eran otras. Una situación similar a la ocurrida con el retiro de Antonio Navarro.
El proceso que sacó de la Alcaldía a Eduardo Noriega se derivó de una denuncia pública que hizo el senador Juan Fernando Cristo.
El proceso existe y no es intrascendente. En el peor escenario, si llega a perder en el juicio, Eduardo Noriega podría llegar a pagar hasta diez años de cárcel.
El proceso se deriva de una vieja denuncia que hizo el senador Juan Fernando Cristo en el Congreso en 2002. Cristo, conocedor de los temas de telecomunicaciones, denunció una ‘piñata’ de contratos que se firmaron en la Comisión Nacional de Televisión cuando Noriega recién llegaba a ocupar la Secretaría General. Esas denuncias parecieron quedar en el olvido, pero un fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública las recogió y las mantuvo en su escritorio durante años.
Se trata de cuatro contratos rotulados con los números 054, 062, 065 y 066 de julio y agosto de 2002. Los dos primeros se firmaron con los ex investigadores del CTI Daniel Acosta Olivares y Misael Castañeda Camacho, de la empresa Acosta Seguridad, por 120 millones de pesos. Su objeto era realizar un inventario de las antenas parabólicas y canales locales de todo el país, que para esa fecha se apropiaban de la señal de canales internacionales. La Junta Directiva de la desaparecida CNTV había firmado un convenio antipiratería con entidades nacionales y extranjeras que obligaba a identificar las zonas donde se cometía el delito. Se abrió entonces una licitación en la que se presentaron dos proponentes que no cumplían los requisitos y la Comisión decidió realizar la contratación directa con ellos. Los dos contratos los firmó Eduardo Noriega.
Existe otro contrato por valor de 26 millones de pesos. Se trata del pago de honorarios al crítico de televisión Germán Yances como anticipo para la elaboración de un libro sobre la historia de la televisión. Noriega también lo perfeccionó, previa autorización de la Junta. El último fue un contrato de seis meses por 27 millones a nombre de una periodista cuyo nombre no aparece en la resolución, quien fue contratada para realizar el acompañamiento estratégico de comunicaciones de la Comisión y de su Junta Directiva. Dicho contrato fue cancelado en el tercer mes por acuerdo entre las partes.
Cuatro contratos, firmados por Noriega en la desaparecida Comisión de Televisión, lo tienen en problemas.
Estos cuatro contratos son la base de la acusación que se dio diez años después. Respecto de los dos primeros, el fiscal consideró que los contratados no probaron su idoneidad para la ejecución de los mismos, no se realizó estudios de conveniencia ni se hizo licitación pública. También cuestionó la contratación directa de Germán Yances, y en cuanto al contrato del periodista, acusó falta de planeación.
El 12 de septiembre de 2011 el fiscal del caso dictó la resolución de acusación contra Noriega por el delito de contratación sin el lleno de los requisitos legales, lo cual da hasta diez años de cárcel. La Fiscalía consideró que no procedía su captura porque Noriega no ofrecía peligro para la sociedad y había concurrido en todas las etapas del proceso y porque se debían estudiar la responsabilidad de otros funcionarios de la época.
Noriega apeló la decisión, pero un fiscal de rango superior confirmó el fallo, lo que obliga al funcionario a ir a juicio. En ese fallo reposa la declaración, entre otros, del ex ministro y ex comisionado de Televisión Jaime Niño Díez, quien aseguró que era la Junta Directiva de la entonces Comisión de Televisión la que escogía a los contratistas y no Noriega, aunque fuera él quien firmaba los contratos.
Los argumentos no fueron validos a la hora de decidir. No solo puso a Noriega en una situación calamitosa, sino que le cortó medio brazo al alcalde Petro. Con él son cuatro los altos funcionarios del gobierno distrital que se han retirado afanosamente. Esto no le ha permitido al alcalde consolidar su gabinete y así poner a andar en forma su plan de desarrollo.
El proceso que sacó de la Alcaldía a Eduardo Noriega se derivó de una denuncia pública que hizo el senador Juan Fernando Cristo.
El proceso existe y no es intrascendente. En el peor escenario, si llega a perder en el juicio, Eduardo Noriega podría llegar a pagar hasta diez años de cárcel.
El proceso se deriva de una vieja denuncia que hizo el senador Juan Fernando Cristo en el Congreso en 2002. Cristo, conocedor de los temas de telecomunicaciones, denunció una ‘piñata’ de contratos que se firmaron en la Comisión Nacional de Televisión cuando Noriega recién llegaba a ocupar la Secretaría General. Esas denuncias parecieron quedar en el olvido, pero un fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública las recogió y las mantuvo en su escritorio durante años.
Se trata de cuatro contratos rotulados con los números 054, 062, 065 y 066 de julio y agosto de 2002. Los dos primeros se firmaron con los ex investigadores del CTI Daniel Acosta Olivares y Misael Castañeda Camacho, de la empresa Acosta Seguridad, por 120 millones de pesos. Su objeto era realizar un inventario de las antenas parabólicas y canales locales de todo el país, que para esa fecha se apropiaban de la señal de canales internacionales. La Junta Directiva de la desaparecida CNTV había firmado un convenio antipiratería con entidades nacionales y extranjeras que obligaba a identificar las zonas donde se cometía el delito. Se abrió entonces una licitación en la que se presentaron dos proponentes que no cumplían los requisitos y la Comisión decidió realizar la contratación directa con ellos. Los dos contratos los firmó Eduardo Noriega.
Existe otro contrato por valor de 26 millones de pesos. Se trata del pago de honorarios al crítico de televisión Germán Yances como anticipo para la elaboración de un libro sobre la historia de la televisión. Noriega también lo perfeccionó, previa autorización de la Junta. El último fue un contrato de seis meses por 27 millones a nombre de una periodista cuyo nombre no aparece en la resolución, quien fue contratada para realizar el acompañamiento estratégico de comunicaciones de la Comisión y de su Junta Directiva. Dicho contrato fue cancelado en el tercer mes por acuerdo entre las partes.
Cuatro contratos, firmados por Noriega en la desaparecida Comisión de Televisión, lo tienen en problemas.
Estos cuatro contratos son la base de la acusación que se dio diez años después. Respecto de los dos primeros, el fiscal consideró que los contratados no probaron su idoneidad para la ejecución de los mismos, no se realizó estudios de conveniencia ni se hizo licitación pública. También cuestionó la contratación directa de Germán Yances, y en cuanto al contrato del periodista, acusó falta de planeación.
El 12 de septiembre de 2011 el fiscal del caso dictó la resolución de acusación contra Noriega por el delito de contratación sin el lleno de los requisitos legales, lo cual da hasta diez años de cárcel. La Fiscalía consideró que no procedía su captura porque Noriega no ofrecía peligro para la sociedad y había concurrido en todas las etapas del proceso y porque se debían estudiar la responsabilidad de otros funcionarios de la época.
Noriega apeló la decisión, pero un fiscal de rango superior confirmó el fallo, lo que obliga al funcionario a ir a juicio. En ese fallo reposa la declaración, entre otros, del ex ministro y ex comisionado de Televisión Jaime Niño Díez, quien aseguró que era la Junta Directiva de la entonces Comisión de Televisión la que escogía a los contratistas y no Noriega, aunque fuera él quien firmaba los contratos.
Los argumentos no fueron validos a la hora de decidir. No solo puso a Noriega en una situación calamitosa, sino que le cortó medio brazo al alcalde Petro. Con él son cuatro los altos funcionarios del gobierno distrital que se han retirado afanosamente. Esto no le ha permitido al alcalde consolidar su gabinete y así poner a andar en forma su plan de desarrollo.
