La diligencia judicial a la que concurre hoy 8 de octubre el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia puede ser el inicio de un largo proceso y no la conclusión como muchos esperan de la investigación que adelanta el alto tribunal contra el ex mandatario.
El ex jede el estado fue citado a la indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por un proceso abierto en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos, en un caso en el que pasó de denunciante a denunciado.
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Los antecedentes de esta citación al expresidente a la Corte se remontan a la denuncia que él interpuso contra el Senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos para que declararan en su contra y la decisión del máximo tribunal en lo penal de archivar el proceso y abrir indagación a Uribe Vélez.
La razón para investigarlo, según los magistrados, es porque supuestamente él habría incurrido a través de uno de sus abogados en esa conducta para lograr cambio en el testimonio de un ex paramilitar a su favor.
Con la citación a rendir indagatoria ante la Corte Suprema al expresidente Uribe, que conmociona al país, el fantasma de un enfrentamiento con el alto tribunal en el año 2009 por las famosas chuzadas del DAS vuele a cobrar vigencia.
Para algunos la diligencia judicial podría ser una especie de 'venganza' del alto tribunal contra el hoy senador del Centro Democrático.
Esta apreciación no tiene fundamento, todos los magistrados víctimas de las 'chuzadas' ya no están en la Corte, muchos se retiraron por tiempo cumplido y otros fueron recusados.
El pasado que vuelve
A finales del 2010 la fiscalía confirmó que la Sala Penal de la Corte Suprema fue espiada por parte del Departamento de Seguridad, DAS (hoy desaparecido) y que incluso una de las personas que que servía el café en las salas plenas había instalado una grabadora para entregarla a los oficiales de esa entidad con el registro de información confidencial.
Varios funcionarios del gobierno del Presidente Uribe terminaron enjuiciados, condenados y encarcelados, comenzando por la propia directora del DAS, María del Pilar Hurtado y el secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno.
Entre debate y demanda
El senador Cepeda, en 2014 citó un debate de control político en contra del expresidente Álvaro Uribe en el Senado en la que lo denunció por supuestos nexos con el paramilitarismo, financiación y creación de grupos al margen de la ley.
Durante el debate el senador Uribe Vélez presentó testimonios de los ex paramilitares Ramiro Henao y Gabriel Muñoz, en los que afirmaban que Cepeda les hizo ofrecimientos para que testificaran en su contra.
Dos años antes en febrero de 2012 Álvaro Uribe Vélez interpuso una demanda contra el congresista Iván Cepeda Castro, porque “como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes había visitado a presos para convenceros de que declararan en su contra.
La acusación se refiere a entrevistas a los ex paramilitares Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, en las cárceles de Itagüí y Cómbita, respectivamente.” Según está consignado en el expediente del caso.
Uribe en el debate dijo que Cepeda le ofreció a los ex paras en las cárceles, beneficios jurídicos, económicos, medidas cautelares y ubicación fuera del país, para convencerlos de declarar en su contra.
El apoderado del ex mandatario aseguró que con base en "libretos" previamente preparados por Iván Cepeda se buscaba que tanto a él como a su hermano los sindicaran de cometer delitos en asocio con paramilitares.
Acusador acusado
Cepeda le dijo a la Corte que fueron Sierra y Monsalve quienes se le acercaron para hablar con él y que él no fue quien buscó sus testimonios.
Sostuvo que en videos quedaron registrados los relatos que le dieron los dos ex paramilitares y que los remitió a la Fiscalía General de la Nación.
La sala penal de la Corte Suprema ordenó el inicio de una investigación previa, dentro de la cual se llevó a cabo una ardua actividad probatoria para verificar las acusaciones contra Iván Cepeda de supuestamente dirigir un cartel de falsos testigos contra Álvaro Uribe Vélez y su hermano.
El magistrado José Luis Barceló, quien llevaba el caso contra Cepeda lo archivó el proceso con el argumento de que sus entrevistas con los ex paramilitares detenidos, las había realizado en cumplimiento de sus funciones como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Y el 24 de julio de 2018 Barceló no solo archivó el caso contra Cepeda sino que consideró que había suficientes elementos para investigar a Uribe por soborno y fraude procesal, y archivar la investigación por manipulación de testigos a Iván Cepeda.
Miles de horas de grabaciones
La Corte cambió la posición frente a los hechos, porque según consta en los archivos del proceso en las escuchas que se hicieron a miles de horas de grabaciones se dedujo que había indicios de que el intento de hacer cambiar testimonios a los ex paras encarcelados provenía de un abogado aparentemente del senador Uribe Vélez.
Se trata del jurista Diego Cadena, a quien la Cote Suprema investigó de manera reservada, incluyendo interceptación telefónica por parte del CTI. El abogado visitó varias prisiones en Colombia y Estados Unidos, a parecer por iniciativa propia pues no era apoderado de Uribe.
El propio ex para Juan Guillermo Monsalve había alertado a los magistrados que Cadena, supuestamente lo estaba presionando para que se retratara de una declaración dada por él contra el expresidente.
La inclusión de Monsalve en el proceso es lo puso al senador Uribe a rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, por supuestamente manipular testigos en contra de Iván Cepeda.
Conmoción y apoyo
La citación a Álvaro Uribe a rendir indagatoria ante la Corte Suprema no tiene antecedentes en Colombia, pues ningún presidente elegido por voto había tenido que comparecer ante ella.
La diligencia suscita inquietud y son muchos los colombianos que consideran 'injusto' que se lo acuse de delitos que él mismo denunció y por eso salieron a las calles a manifestar su respaldo.
El equipo de abogados encabezado por Jaime Granados trabaja para demostrar que su cliente es inocente y presentará prueba en su defensa y llamará a testigos que con su testimonio lo libren de un proceso largo y tortuoso, cuyo final es incierto.
La investigación se encuentra en etapa preliminar y se avanza en la investigación, que para los entendidos en derecho puede demorar meses e incluso años. A esta etapa le seguiría la del juicio como tal, si es que se llega a él.
El magistrado César Augusto Reyes Medina, miembro de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, es quien como juez atiende la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
A los magistrados que antes de Reyes se ocuparon del caso los terminaron saliendo, Barceló salió recusado por cuenta de la defensa de Uribe. La de Cepeda hizo lo propio con la magistrada Cristina Lombana.
La Corte tratará de mantener el secreto la indagatoria de Uribe Vélez, en un proceso que más que judicial se caracteriza por su politización.
Es posible que el país entero en pocos días lea la transcripción, si no de toda la diligencia, al menos sí las respuestas más difíciles que haya contestado Uribe Vélez.
