Dos recientes estudios han puesto en evidencia los posibles problemas que generaría el consumo de productos transgénicos a nivel mundial. En el primero, científicos australianos establecieron una conexión directa entre el uso de alimentos manipulados y los daños estomacales en los cerdos; el segundo experimento estuvo a cargo de científicos de la Universidad de Caen (Francia), quienes alimentaron durante cerca de dos años a doscientas ratas, con tres raciones de maíz genéticamente tratado, propiedad de la multinacional Monsanto, encontrando aparentes efectos negativos sobre la salud de los roedores.
Ante la resistencia de grupos ecologistas y varios gobiernos, continentes como el europeo han rechazado de manera contundente a los organismos genéticamente modificados (OGM). En países como Italia, Alemania y Francia se prohibió por ejemplo el cultivo y exportación de las semillas transgénicas obligando a las compañías líderes de la agroquímica a replantear su modelo de negocio. Mientras esto pasa, en Colombia la situación parece ser distinta.
Los profesores de la Universidad de Caen en Francia encontraron que hay entre dos y tres veces más tumores en las ratas que consumieron productos transgénicos.
Panorama nacional de los transgénicos
De acuerdo con los datos suministrados por el Instituto Agropecuario (ICA), al cierre del año pasado se sembró un total de 75.046 hectáreas de maíz, 28.178 ha de algodón genéticamente modificado y 12 ha de flores (claveles y rosas azules). En el país hay 5 cultivos genéticamente modificados aprobados para siembra de algodón, maíz, rosas azules, claveles azules y soya.
Las características que considera el gobierno nacional para darle espacio a este tipo de productos tienen que ver con la tolerancia a herbicidas y la resistencia a insectos, dos elementos que se pueden encontrar en un solo cultivo afectando la cosecha.
Según el ICA, en 21 departamentos del país los agricultores le apuestan a la siembra de estos cultivos genéticamente modificados. En la siembra del maíz se destaca el Tolima con 19.908 hectáreas; Córdoba con 16.605 ha y Meta con un total de 15.582 ha. En referencia al algodón, Córdoba y Tolima siguen siendo los departamentos con mayor índice de siembra con 13.727 y 6.309 hectáreas respectivamente. Cesar contribuye a la medición con 4.673 ha.
Tomando en cuenta el caso de las flores GM (Genéticamente Modificado), a las que se le ha modificado su color, el crecimiento en 2012 fue significativo y se debe tener en cuenta que el producto es netamente de exportación para el mercado internacional.
María Andrea Uscátegui, directora ejecutiva de la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola, respalda el uso de los cultivos biotecnológiocos afirmando que durante 16 años de comercialización a nivel global, su contribución a la sostenibilidad ha sido importante.
"Es de destacar que esta es una de muchas herramientas que ayudará a la humanidad a enfrentar los múltiples retos del futuro: producir más y mejores alimentos para una población creciente y para enfrentar el cambio climático", agrega la vocera de Agro-Bio, quien señala que el el aporte a la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad al economizar suelo, la contribución a la lucha contra la pobreza y el hambre y la reducción de la huella ecológica de la agricultura, representan los elementos más importantes a la hora de cultivar transgénicos.
En el país hay organizaciones que no están muy de acuerdo con estos argumentos. Germán Ortíz es el director del grupo Semillas, encargado de controvertir el uso del territorio colombiano para el cultivo de productos con modificaciones.
Ortíz dice que la transformación de las especies es quizás el elemento que ha generado un debate mundial por los impactos que pueden generar estas modificaciones a nivel ambiental, socieconómico y en la salud de humanos y animales."Lo que se está haciendo es trasladar información de organismos que nunca antes se habían cruzado entre sí de tal forma que se pueda alterar la estabilidad de ese organismo, algo que particularmente puede alterar algunos aspectos del ecosistema o de los organismos que están a su alrededor".
El representante de la organización Semillas cuenta que en Colombia comenzó a aprobarse el uso y cultivos de transgénicos desde hace 11 años con el algodón y en 2007 con la liberación comercial de maíz modificado, algo que preocupa si se tiene en cuenta que "desde hace 15 años la población colombiana consume maíz sin tener la más remota idea de si existe o no una reglamentación del impacto negativo de estos productos".
Ortíz comenta que desde 1990 Colombia era autosuficiente en la producción y consumo de alimentos. Hoy en día, el país importa masivamente el 85 % del maíz y el 95 % de la soya que consume. Estos dos productos se constituyen como los transgénicos que se masifican por excelencia en los cinco continentes.
La crisis algodonera de 2008
Con pérdidas cercanas a los $100.000 millones de pesos, el sector algodonero sufrió una grave crisis con un 30% de cultivo afectado, especialmente en los departamentos del Tolima y Córdoba. Algunas instituciones, para enfrentar el invierno de esa época, trabajaron cultivos modificados y así limitaron las consecuencias negativas.
El senador del Polo Democrático Jorge Robledo denunció por esa época que el gobierno de manera ilegítima permitió que se distribuyera entre los productores tolimenses, sin las pruebas suficientes, la semilla transgénica Monsanto DP-455, lo que posibilitó que casi 9.000 hectáreas de algodón sufrieran drásticas reducciones en el nivel de producción.
"Después de más de 10 años de siembra del algodón transgénico podemos decir que ha sido un gran fracaso (...) los agricultores del Tolima y Córdoba se quebraron en 2008 con la siembra de variedades transgénicas que le otorgó la multinacional Monsanto", dice el director de la fundación Semillas. Ortíz insiste en destacar que con estos cultivos, solamente en el 2012, los agricultores de Córdoba perdieron más de $72.000 millones de pesos con un algodón transgénico que tiene dos características: resistencia herbicida y cultivos BT para el control de plagas en los cultivos.
También recalca que los agricultores quedaron a la deriva porque Monsanto no ha respondido por las pérdidas o los daños que se presentaron en los últimos años, pero en cambio, sí está muy pendiente de hacer cumplir los contratos que firman los cultivadores, además del reconocimiento y el pago por las regalías de las patentes de estas semillas. Para Ortíz, los agricultores no tienen quién los defienda, ya que el ICA no ha hecho gran cosa para investigar sobre la afectación de este tipo de tecnología.
María Uscátegui de Agro-Bio dice que en referencia al caso de los algodoneros en 2008, el ICA (institución que regula estos cultivos) realizó un estudio en el que se demostró que las plantaciones de algodón (tanto convencionales como genéticamente modificadas) habían sido afectadas por factores climáticos y las pérdidas no se generaron por causa de la tecnología.
"Es importante destacar aquí que las semillas genéticamente modificadas deben contar con los mismos cuidados que cualquier cultivo, siguiendo buenas prácticas agrícolas para que se obtengan los mejores resultados".
Uscátegui alega que actualmente a pesar de la situación mundial del mercado de algodón, los agricultores de regiones como Córdoba, Tolima, Cesar y Sucre, entre otros, le siguen apostando a la siembra de este producto con semillas genéticamente modificadas.
En el caso del maíz, la directora ejecutiva de la asociación que promueve el uso de los elementos biotecnológicos, cree que se ha dado un aumento significativo año tras año en la producción, ya que los agricultores "están siendo testigos" de los beneficios de la tecnología como la reducción de pérdidas de las cosechas a causa de las malezas y/o las plagas; el uso más sostenible de los insumos químicos además de otros beneficios indirectos que los agricultores "resaltan de la tecnología" como la facilidad del manejo del cultivo y la mejora en la calidad de vida del mismo agricultor.
Etiquetado y regulación
En 2011 el ministerio de la Protección Social estableció la resolución 4254 por medio de la cual expide el reglamento técnico que establece disposiciones relacionadas con el rotulado o etiquetado de todos los alimentos derivados de Organismos Genéticamente Modificados(OGM) con la identificación de materias primas para el consumo que humano que los contengan.
Esta medida no cubre al aceite de soya, algodón, maíz o canola, productos que se venden en el país y cuya fabricación es a base de transgénicos. El argumento que da la legislación es que las materias primas que se usan son iguales a las convencionales en cuanto a su calidad nutricional.
Para el grupo Semillas, el etiquetado es una medida que se da por la presión que tienen los consumidores o los ciudadanos en general para que , por lo menos, se cuente con “el derecho fundamental” de poder decidir qué se consume, esto se da en Europa donde hay una fuerte legislación. La organización cree que en Colombia se cuenta con una resolución tan débil y tan poco fuerte al exigir el etiquetado, que finalmente no opera, lo que imposibilita tener el control sobre este tipo de productos, sobre todo por la importación masiva de soya y maíz transgénico que se está haciendo sin ningún control y sin ninguna posibilidad de elección para los consumidores.
Así mismo insisten que mientras en Europa las etiquetas son promovidas para sacar provecho del mercado pues los productos libres de modificaciones se están vendiendo a un precio más alto, en Colombia sólo se exige que las cajas que contienen alimentos transgénicos de otras partes del mundo, contengan una marquilla a la entrada de los puertos, pero en los supermercados, el comprador desconoce su origen.
En cuanto a la reglamentación Agro-Bio explica que Colombia cuenta con una regulación para la aprobación, siembra, control y monitoreo de los cultivos genéticamente modificados. La asociación dice que si el agricultor decide adoptar la biotecnología, debe cumplir con unas normas establecidas por la autoridad competente, el ICA, que es la encargada de determinar si se puede sembrar, en donde y bajo que normas se debe hacer.
Las semillas genéticamente modificadas que se encuentran actualmente en el mercado son una herramienta más del abanico de posibilidades que encuentra el agricultor y para la agrupación defensora de los transgénicos, nadie obliga al comerciante a sembrar o no la semilla genéticamente modificada.
@cahurtadokyk
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¿Por qué protestan los mineros?
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Las características que considera el gobierno nacional para darle espacio a este tipo de productos tienen que ver con la tolerancia a herbicidas y la resistencia a insectos, dos elementos que se pueden encontrar en un solo cultivo afectando la cosecha.
Según el ICA, en 21 departamentos del país los agricultores le apuestan a la siembra de estos cultivos genéticamente modificados. En la siembra del maíz se destaca el Tolima con 19.908 hectáreas; Córdoba con 16.605 ha y Meta con un total de 15.582 ha. En referencia al algodón, Córdoba y Tolima siguen siendo los departamentos con mayor índice de siembra con 13.727 y 6.309 hectáreas respectivamente. Cesar contribuye a la medición con 4.673 ha.
Tomando en cuenta el caso de las flores GM (Genéticamente Modificado), a las que se le ha modificado su color, el crecimiento en 2012 fue significativo y se debe tener en cuenta que el producto es netamente de exportación para el mercado internacional.
María Andrea Uscátegui, directora ejecutiva de la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola, respalda el uso de los cultivos biotecnológiocos afirmando que durante 16 años de comercialización a nivel global, su contribución a la sostenibilidad ha sido importante.
"Es de destacar que esta es una de muchas herramientas que ayudará a la humanidad a enfrentar los múltiples retos del futuro: producir más y mejores alimentos para una población creciente y para enfrentar el cambio climático", agrega la vocera de Agro-Bio, quien señala que el el aporte a la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad al economizar suelo, la contribución a la lucha contra la pobreza y el hambre y la reducción de la huella ecológica de la agricultura, representan los elementos más importantes a la hora de cultivar transgénicos.
En el país hay organizaciones que no están muy de acuerdo con estos argumentos. Germán Ortíz es el director del grupo Semillas, encargado de controvertir el uso del territorio colombiano para el cultivo de productos con modificaciones.
Ortíz dice que la transformación de las especies es quizás el elemento que ha generado un debate mundial por los impactos que pueden generar estas modificaciones a nivel ambiental, socieconómico y en la salud de humanos y animales."Lo que se está haciendo es trasladar información de organismos que nunca antes se habían cruzado entre sí de tal forma que se pueda alterar la estabilidad de ese organismo, algo que particularmente puede alterar algunos aspectos del ecosistema o de los organismos que están a su alrededor".
El representante de la organización Semillas cuenta que en Colombia comenzó a aprobarse el uso y cultivos de transgénicos desde hace 11 años con el algodón y en 2007 con la liberación comercial de maíz modificado, algo que preocupa si se tiene en cuenta que "desde hace 15 años la población colombiana consume maíz sin tener la más remota idea de si existe o no una reglamentación del impacto negativo de estos productos".
Ortíz comenta que desde 1990 Colombia era autosuficiente en la producción y consumo de alimentos. Hoy en día, el país importa masivamente el 85 % del maíz y el 95 % de la soya que consume. Estos dos productos se constituyen como los transgénicos que se masifican por excelencia en los cinco continentes.
La crisis algodonera de 2008
Con pérdidas cercanas a los $100.000 millones de pesos, el sector algodonero sufrió una grave crisis con un 30% de cultivo afectado, especialmente en los departamentos del Tolima y Córdoba. Algunas instituciones, para enfrentar el invierno de esa época, trabajaron cultivos modificados y así limitaron las consecuencias negativas.
El senador del Polo Democrático Jorge Robledo denunció por esa época que el gobierno de manera ilegítima permitió que se distribuyera entre los productores tolimenses, sin las pruebas suficientes, la semilla transgénica Monsanto DP-455, lo que posibilitó que casi 9.000 hectáreas de algodón sufrieran drásticas reducciones en el nivel de producción.
"Después de más de 10 años de siembra del algodón transgénico podemos decir que ha sido un gran fracaso (...) los agricultores del Tolima y Córdoba se quebraron en 2008 con la siembra de variedades transgénicas que le otorgó la multinacional Monsanto", dice el director de la fundación Semillas. Ortíz insiste en destacar que con estos cultivos, solamente en el 2012, los agricultores de Córdoba perdieron más de $72.000 millones de pesos con un algodón transgénico que tiene dos características: resistencia herbicida y cultivos BT para el control de plagas en los cultivos.
También recalca que los agricultores quedaron a la deriva porque Monsanto no ha respondido por las pérdidas o los daños que se presentaron en los últimos años, pero en cambio, sí está muy pendiente de hacer cumplir los contratos que firman los cultivadores, además del reconocimiento y el pago por las regalías de las patentes de estas semillas. Para Ortíz, los agricultores no tienen quién los defienda, ya que el ICA no ha hecho gran cosa para investigar sobre la afectación de este tipo de tecnología.
María Uscátegui de Agro-Bio dice que en referencia al caso de los algodoneros en 2008, el ICA (institución que regula estos cultivos) realizó un estudio en el que se demostró que las plantaciones de algodón (tanto convencionales como genéticamente modificadas) habían sido afectadas por factores climáticos y las pérdidas no se generaron por causa de la tecnología.
"Es importante destacar aquí que las semillas genéticamente modificadas deben contar con los mismos cuidados que cualquier cultivo, siguiendo buenas prácticas agrícolas para que se obtengan los mejores resultados".
Uscátegui alega que actualmente a pesar de la situación mundial del mercado de algodón, los agricultores de regiones como Córdoba, Tolima, Cesar y Sucre, entre otros, le siguen apostando a la siembra de este producto con semillas genéticamente modificadas.
En el caso del maíz, la directora ejecutiva de la asociación que promueve el uso de los elementos biotecnológicos, cree que se ha dado un aumento significativo año tras año en la producción, ya que los agricultores "están siendo testigos" de los beneficios de la tecnología como la reducción de pérdidas de las cosechas a causa de las malezas y/o las plagas; el uso más sostenible de los insumos químicos además de otros beneficios indirectos que los agricultores "resaltan de la tecnología" como la facilidad del manejo del cultivo y la mejora en la calidad de vida del mismo agricultor.
Etiquetado y regulación
En 2011 el ministerio de la Protección Social estableció la resolución 4254 por medio de la cual expide el reglamento técnico que establece disposiciones relacionadas con el rotulado o etiquetado de todos los alimentos derivados de Organismos Genéticamente Modificados(OGM) con la identificación de materias primas para el consumo que humano que los contengan.
Esta medida no cubre al aceite de soya, algodón, maíz o canola, productos que se venden en el país y cuya fabricación es a base de transgénicos. El argumento que da la legislación es que las materias primas que se usan son iguales a las convencionales en cuanto a su calidad nutricional.
Para el grupo Semillas, el etiquetado es una medida que se da por la presión que tienen los consumidores o los ciudadanos en general para que , por lo menos, se cuente con “el derecho fundamental” de poder decidir qué se consume, esto se da en Europa donde hay una fuerte legislación. La organización cree que en Colombia se cuenta con una resolución tan débil y tan poco fuerte al exigir el etiquetado, que finalmente no opera, lo que imposibilita tener el control sobre este tipo de productos, sobre todo por la importación masiva de soya y maíz transgénico que se está haciendo sin ningún control y sin ninguna posibilidad de elección para los consumidores.
Así mismo insisten que mientras en Europa las etiquetas son promovidas para sacar provecho del mercado pues los productos libres de modificaciones se están vendiendo a un precio más alto, en Colombia sólo se exige que las cajas que contienen alimentos transgénicos de otras partes del mundo, contengan una marquilla a la entrada de los puertos, pero en los supermercados, el comprador desconoce su origen.
En cuanto a la reglamentación Agro-Bio explica que Colombia cuenta con una regulación para la aprobación, siembra, control y monitoreo de los cultivos genéticamente modificados. La asociación dice que si el agricultor decide adoptar la biotecnología, debe cumplir con unas normas establecidas por la autoridad competente, el ICA, que es la encargada de determinar si se puede sembrar, en donde y bajo que normas se debe hacer.
Las semillas genéticamente modificadas que se encuentran actualmente en el mercado son una herramienta más del abanico de posibilidades que encuentra el agricultor y para la agrupación defensora de los transgénicos, nadie obliga al comerciante a sembrar o no la semilla genéticamente modificada.
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