El temor de que el covid-19 llegara a los establecimientos penitenciarios del país se hizo realidad. La situación más crítica la vive hoy la cárcel de Villavicencio, que fue la primera en registrar casos y en la que ya se confirmaron dos muertes a causa de la enfermedad.
Una tercera persona, que también hacía parte del pabellón Santander, se encuentra en grave estado de salud en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras haber dado positivo.
Este martes 14 de abril, el gobernador de ese departamento, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que fueron confirmados 15 nuevos casos en ese mismo establecimiento.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aseguró que está trabajando para controlar el virus en esta prisión. Aseguró que, por el momento, se pidió la práctica de otras 55 pruebas y tamizaje a los asintomáticos para determinar un posible contagio entre los demás internos.
Además, informó que se están haciendo constantes jornadas de limpieza y desinfección, que entregaron dos mil tapabocas, kits de jabón y adecuaron las instalaciones de lo que era el pabellón de mujeres para aislar a algunos de los presos.
Sin embargo, los mismos funcionarios penitenciarios y recluidos consideran que estas medidas no son suficientes, que se han demorado para expedir el decreto de la emergencia carcelaria y que, en caso tal de que la situación se agrave y fallezcan más personas privadas de la libertad en las diferentes cárceles del país, el Estado tendría la obligación de responder.
¿Qué podría pasar y cuál sería su responsabilidad? Pamela Ruiz, abogada penalista y experta en temas penitenciarios, habló con KienyKe.com.
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Ruiz señaló que, apenas una persona pierde su libertad y se le restringen sus derechos, el Estado adquiere una posición de garante y, en esa virtud, tiene el deber jurídico concreto de “obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable”.
“Esta posición de garante hace que ellos sean los responsables de la vida y salud de los internos. Deben prevenir que esta enfermedad llegue a las cárceles y, si llega, son los responsables de solucionarlo”, explicó.
Señaló que, en ese sentido, si algún interno muere o sufre un daño irremediable por causa del coronavirus, el Estado puede ser demandado por las víctimas por vía administrativa.
“Básicamente los responsables serían el Inpec y la Uspec por ser parte del Estado y ser los encargados de las cárceles. Ellos tendrían que indemnizar a los familiares del interno que murió por coronavirus y, si es una persona que resultó gravemente lesionada, a ella se le tendría que dar una indemnización”, aseguró.
Explicación sobre los problemas estructurales de las cárceles:
Excarcelación masiva para evitar una tragedia
Ruiz dijo que es una de las partidarias de que, en medio de la crisis por el covid-19, no solo se excarcele a la población más vulnerable -como los mayores de 60 años, enfermos terminales y madres lactantes- sino también a aquellos que ya cuentan con los requisitos objetivos para obtener subrogados penales.
“Por ejemplo, una persona que ya haya cumplido con las tres quintas partes de su pena debería salir, sin tener en cuenta que sea parte de la población vulnerable o no”, afirmó.
Mencionó que el Gobierno Nacional también debería mirar la posibilidad de que a los sindicados, que son quienes todavía no tienen una sentencia condenatoria en firme, se les envíe a detención domiciliaria para respetar su derecho fundamental de presunción de inocencia.
“Hay un grupo importante de personas sindicadas que están actualmente en las cárceles. Son más de 35 mil hombres y mujeres”, indicó.
La experta señaló que de igual forma podría abrirse el debate de conceder indultos (perdones) a las personas que fueron condenadas y que, por ejemplo, sufren de una enfermedad terminal.
“El Ejecutivo, por las facultades especiales que tiene en este momento y que le permiten crear decretos ley, podría analizar a aquellas personas a las cuales se les indultaría como una medida para deshacinar las cárceles. Excepto a quienes hayan cometido actos contra menores de edad y de lesa humanidad”, opinó.
Escuche la petición de Johana Bahamón:
Las medidas deben solucionar problemas estructurales
Para la abogada Pamela Ruiz, las coyunturas son una oportunidad para solucionar problemas de fondo que afectan a los más de 120 mil hombres y mujeres que están en las cárceles, como: el hacinamiento y las malas condiciones de salud.
Dijo que, si bien las facultades que tiene ahora el presidente Iván Duque por el estado de emergencia son transitorias, este es un buen momento para remediar las dificultades que desde años atrás agobian a quienes están privados de la libertad.
“Por eso es que no estoy de acuerdo con que la detención y la prisión domiciliaria sea una medida transitoria. Es como decir ‘vamos a deshacinar las cárceles por tres meses y después las vamos a volver a hacinar’. Eso no tiene ningún sentido”, manifestó.
Ruiz aseguró que la crisis por el coronavirus podría ser un impulso para dar un paso adelante y así llevarle ventaja a los futuros problemas sanitarios que se podrían presentar en el país.
“Esta no puede ser una medida transitoria, debe permanecer en el tiempo y resolver los problemas estructurales que son los que más afectan los derechos fundamentales de los privados de la libertad”, finalizó.
Artículo escrito por: Gabriela García Aguilar.
