La Fiscalía General de la Nación impuso medida privativa de la libertad contra el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria por irregularidades en la contratación de su anterior administración.
De acuerdo al ente judicial, los elementos probatorios dan cuenta del pago irregular de anticipos y otras anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz, durante el primer periodo del gobernador entre 2004 y 2007.
Los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Aníbal Gaviria Correa incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.
En ese sentido, el fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista.
Por lo que esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.
La decisión fue comunicada este viernes 5 de junio al Presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. En ese sentido, el jefe de Estado deberá surtir los trámites necesarios para garantizar el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia.
Según el fiscal designado también se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos.
¿Qué dice la investigación de la Fiscalía?
Por los hechos ya mencionados, la investigación que realizó la Fiscalía General explicó que al contrato inicial se le hicieron dos adiciones, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública.
Una, representó cerca de 4 mil millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal.
La segunda adición se hizo mediante un otro sí y fue cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador Gaviria que contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).
Esta última comprometió más de 16 mil millones de pesos, lo cual debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original.
Por esa razón, para la Fiscalía General el gobernador Aníbal Gaviria era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.
