La Fiscalía General de la Nación comunicó que imputó cargos en contra del actual alcalde de Necoclí (Antioquia), Jorge Augusto Tobón Castro, debido a presuntas irregulares cometidas en la celebración de un contrato de suministro para la población del municipio que, aparentemente, tendría un sobrecosto de más de 50 millones de pesos.
Además del alcalde, el organismo también formuló cargos por el delito de peculado por apropiación contra el actual secretario de educación municipal, Elías Manuel Carmona Ramírez, y la contratista María Luisa Cuesta Machuca, representante legal de la corporación Stage Events.
- Lea también: Corrupción en época del Covid-19: anuncian nuevas imputaciones
- Además: Fiscalía asume investigación por caso de maltrato animal en el Ejército
- Le puede interesar: Lo que se sabe del asesinato de Daniela Quiñones Pimienta
Gracias al apoyo del Grupo de Tareas Especiales del COVID-19 de la Vicefiscalía General de la Nación, un fiscal de la dirección seccional de fiscalías de Antioquia demostró que las tres personas mencionadas previamente habrían tramitado, celebrado y liquidado de manera irregular un contrato para el suministro de mercados, agua, productos de cosechas, implementos de bioseguridad, alimentos para animales en situación de calle y accesorios para bebederos y comederos, todo esto destinado a la atención de la población en medio de la emergencia sanitaria.
Según la investigación, el convenio, valorado en unos 450 millones de pesos, fue firmado por el alcalde de Necoclí con Cuesta Machuca el pasado 28 de marzo y habría generado un detrimento patrimonial superior a los 139 millones de pesos, más de 50 millones de pesos por sobrecostos y alrededor de 89 millones que posiblemente fueron entregados a la contratista sin alguna justificación.
Esta judicialización corresponde a las realizadas este 17 de junio por el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, como uno de los líderes del bloque anticorrupción integrado por la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación, para garantizar la destinación correcta y legal de los recursos dirigidos a la atención de los colombianos durante la emergencia provocada por el COVID-19.