Varios sectores, entre abogados y defensores de la población privada de la libertad, tenían grandes expectativas frente al decreto preparado por el Ministerio de Justicia para prevenir una crisis sanitaria en las cárceles del país por el Covid-19.
Algunos creían que la medida iba a beneficiar a más de 4 mil personas, que no solo incluiría a los más vulnerables y daría un paso hacia adelante para solventar distintos problemas estructurales como el hacinamiento.
Tras la publicación del decreto 546 de 2020 muchos quedaron descontentos, pues aseguraron que no evitará el contagio en las cárceles y “no protegerá la salud y vida de los privados de la libertad”.
La ministra de Justicia, Margarita Cabello, reconoció que la norma en sí misma es “insuficiente”. Sin embargo, advirtió que esta es una de las tantas medidas que se pondrán en marcha para proteger a los más de 120 mil hombres y mujeres que se encuentran recluidos en la actualidad.
“El decreto hace parte de todo el conjunto de medidas que tenemos pensadas para lograr proteger a estos seres humanos al máximo”, aseguró.
El Gobierno Nacional y la Fiscalía General respaldaron la decisión. El presidente Iván Duque dijo que, a su parecer, el decreto tiene “un gran sentido humanitario”; mientras que el ente investigador, liderado por Francisco Barbosa, señaló que esta es una muestra de cooperación “armónica y responsable”.
La calificaron como una norma “inocua e inane”
El abogado Marlon Díaz le dijo a KienyKe.com que el decreto 546 es más “minimalista” y “restrictivo” de lo que había pedido la Fiscalía, pues no concederá la domiciliaria transitoria a ninguna persona procesada o condenada por los delitos por los que más hay privados de la libertad, los cuales representan una cifra mayor a los 80 mil presos.
A su turno, la abogada Laura Kamila Toro mencionó que la amplia exclusión de delitos impide una mayor aplicación por parte de los jueces de control de garantías, “de tal manera que no produce un gran efecto en realidad”.
Señaló que, a su parecer, lo más grave es que este no realiza distinción alguna entre los condenados y los detenidos preventivamente, que son más de 32 mil en todas las cárceles del país.
“Si tan solo se hubiera tomando en cuenta a los procesados como sujetos de aplicación de este decreto, el número de excarcelaciones tendría un gran impacto en la población carcelaria y en el hacinamiento”, aseguró.
Díaz, por su parte, calificó la norma como “inocua e inane” porque, a pesar de que reconoce la identificación de las personas en riesgo según los estándares mundiales (mayores de 60 años, enfermos graves y madres gestantes), muy pocos de los internos en estas condiciones saldrán por todas las exclusiones incorporadas.
“Muy pocos de los que están en riesgo saldrán de los centros de reclusión, máximo 3 mil personas de un total de 120 mil internos, persistiendo tanto la posibilidad de efectos nefastos en los contagiados y sin contribuir en un solo ápice a deshacinar el sistema, contrario a los propósitos y al título de la misma norma”, indicó.
Dijo que, aunque sería absurdo decirlo, las personas privadas de la libertad tendrían más posibilidades de salir a domiciliaria aplicando las normas vigentes anteriores.
“Esperamos que la Corte Constitucional, al hacer el análisis sustancial de la exequibilidad de este decreto, declare que las exclusiones son contrarias a la realidad, o que jueces valientes y demócratas apliquen la excepción de inconstitucionalidad y permitan que las personas en riesgo, sin importar las exclusiones, salgan a domiciliaria, haciendo prevalecer una interpretación pro homine”, manifestó.
Los dos abogados penalistas coincidieron en que en la preparación del decreto "prevalecieron los cálculos políticos", la oposición de la Fiscalía sobre la dignidad humana y la vida e integridad de quienes están tras las rejas.
“No se exploraron alternativas adicionales para evitar una catástrofe en las cárceles. Esperamos que estos errores se corrijan en un segundo decreto, donde además se incluya a los militares, a los menores, a los indígenas que están también en centros de reclusión”, concluyó Díaz.
Toro, por su parte, finalizó su opinión diciendo que el decreto está orientado a satisfacer a la población del común, porque si la concesión de este beneficio hubiera sido de mayor impacto, "la ola de críticas por parte de la ciudadanía significaría un gran costo en este momento tan difícil”.
