La ministra de Justicia Margarita Cabello reconoció que el decreto de excarcelación transitoria no ha arrojado los resultados esperados porque, a hoy 4 de junio de 2020, solo han salido un poco más de mil internos cuando las expectativas estaban por encima de los cinco mil para contener la crisis sanitaria por el Covid-19 en las diferentes cárceles del país.
Según dijo la funcionaria, a la fecha hay más de mil casos positivos de coronavirus en las prisiones y todavía hace falta resolver en los juzgados la situación de otros dos mil privados de la libertad que esperan ser beneficiados por el decreto 546 del 14 de abril de 2020, el cual concede la detención y prisión domiciliaria transitoria para evitar la propagación y consecuencias del virus.
“El decreto nos ha dado resultados pero no los que anhelábamos. Aspirábamos a que 5 mil internos salieran y pasaran a detención domiciliaria transitoria, pero a la fecha solo han salido un poco más de mil”, indicó durante el seminario virtual "Las medidas alternativas a la privación de la libertad en tiempos de Covid-19".
La ministra señaló que, por el contrario, las medidas ordinarias han sido más efectivas, pues cerca de 5 mil hombres y mujeres han salido bajo esta vía desde que comenzó la pandemia en el mes de marzo.
“En Colombia contamos con 132 centros penitenciarios y antes del Covid-19 teníamos una población carcelaria de 124.000 privados de la libertad. A la fecha hemos logrado reducir el hacinamiento y hoy tenemos 111.000 internos: 79.000 condenados y 32.000 sindicados”, afirmó.
La jefe de la cartera de Justicia aseguró que “el decreto de excarcelación no busca solucionar el problema estructural del hacinamiento”, sino que, por el contrario, pretende adoptar una medida humanitaria dirigida a proteger a la población privada de la libertad que presenta un mayor nivel de vulnerabilidad frente al contagio del virus.
En cuanto a las críticas, Cabello sostuvo que el decreto de excarcelación ha sido útil en la medida en que se ha permitido entender que, pese a la presión social, no todo se resuelve con medidas intramurales.
“Lo que sí tenemos claro es que esperamos seguir generando estrategias para solucionar la problemática del hacinamiento”, puntualizó.
Resultado del decreto no sorprende a expertos
Estas declaraciones le han costado a la ministra de Justicia un sinnúmero de críticas. Varios académicos y abogados penalistas han comentado que estos resultados “no son sorprendentes” porque desde antes de ser expedido el decreto se advirtió que las medidas no eran suficientes para proteger a los privados de la libertad del Covid-19.
“La política frente al sistema carcelario en medio de la pandamia fue completamente equivocada. Nosotros habíamos planteado que el decreto no iba a cumplir los fines establecidos y que iba a ser una especie de freno de manos para evitar que las personas cumplieran su pena de una manera distinta y así bajarle la presión al sistema carcelario. Para mí no es una sorpresa estos resultados, ya lo esperábamos”, dijo a KienyKe.com el abogado y docente Estanislao Escalante.
Escalante señaló que el decreto de excarcelación había generado una alta expectativa para contener la situación en las prisiones por la pandemia. Sin embargo, mencionó que la larga lista de excepciones excluyó a la mayoría de personas que podrían ser beneficiadas y esto impidió avanzar en la reducción del hacinamiento.
“Uno esperaría que el decreto agilizara y mejorara las condiciones con las que las personas podrían cambiar la forma de cumplir su pena. Pero este decreto salió con una serie de excepciones y requisitos que hacen mucho más difícil acceder a la posibilidad de transformar la ejecución de las penas. El decreto debió haber dado condiciones para que fluyera más el proceso de deshacinamiento y no excepciones para que no se diera. Parecería que el objetivo real es frenar que estas personas salgan de la cárcel ”, afirmó.
Respecto a la comparación que hizo la ministra sobre la cantidad de excarcelaciones que se han dado por vía ordinaria, la abogada Dalila Henao señaló a KienyKe.com que es claro que sigue siendo más efectiva la aplicación de las medidas establecidas normalmente por la ley que el mismo decreto 546 de 2020.
Sin embargo, resaltó que ello no supone la negación de adoptar nuevos protocolos que den paso a solucionar la crisis del sistema carcelario, como la reducción de penas, las libertades anticipadas por crímenes no violentos y hasta la concesión de indultos.
“Estas medidas, aunque poco populares, son eficaces, se compadecen con los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y, teniendo en cuenta que se dirigen mayormente a personas que están culminando su tratamiento penitenciario, no suponen un alza en los índices de criminalidad”, argumentó.
"No todo se resuelve con medidas intramurales"
El abogado Estanislao Escalante dijo que la posición de la ministra confunde porque, a pesar de que admite que no todo se resuelve con medidas intramurales a pesar de la presión social, mantiene las excepciones del decreto para frenar la posibilidad de una excarcelación masiva en medio de la pandemia por el coronavirus.
"Yo no creo que la sociedad en su conjunto quiera todo con medidas intramurales. Esa es una afirmación que han hecho los políticos siempre pero que no tiene un sustento empírico", aseguró.
Dijo que, por otro lado, se debería buscar alternativas antes de enviar a las personas a prisión porque, a su juicio, las prisiones en Colombia son una muestra de su propio fracaso porque nunca lograron cumplir con su fin: reeducar al hombre y evitar que se cometan más delitos.
"La cárcel ni reeduca al hombre ni evita los crímenes. Por lo tanto, la cárcel es la historia de su propio fracaso. De tal manera que el decreto para lo único que sirvió fue para convencer a las personas que sí se estaba haciendo algo por los privados de la libertad", manifestó.
La abogada Dalila Henao, por su parte, mencionó que considera "angustiante" que las medidas adoptadas en medio de esta coyuntura respondan a un clamor social y "no a una política criminal seria". Según dijo, esto supone un verdadero desatino porque el populismo es una práctica que deslegitima cualquier ordenamiento jurídico.
"Es necesario que el Gobierno adopte decisiones de naturaleza jurídica que respondan a criterios científicos que se acompasen con un estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana y cuyo verdadero norte, en lo que al derecho penal respecta, se aleje de satisfacer deseos de venganza", finalizó.
