KienyKe.com conoció en primicia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avanzó en la solicitud de medidas cautelares urgentes interpuestas por tres firmas de abogados en favor de cuatro personas privadas de la libertad excluidas del decreto de excarcelación para proteger del Covid-19 en las cárceles.
La CIDH le pidió a los defensores que, a efectos de contar con los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión sobre la solicitud formulada, presenten mayor información sobre las condiciones actuales de salud de los internos propuestos como beneficiarios, así como datos detallados sobre los demás presos que se encuentran en situaciones similares.
Los abogados también deberán remitirle a la CIDH información sobre si estas personas han recibido atención médica en los centros penitenciarios. Además, tendrán que indicar si se han presentado otros recursos a nivel interno para solicitar prisión domiciliaria y/u otras medidas por la pandemia del coronavirus, y si estas les han sido negadas.
El objetivo: evitar una tragedia
Las firmas Víctor Mosquera Marín Abogados, D&D Group y Alumbra Asesores fueron las que interpusieron este recurso ante la CIDH en favor de tres hombres y una mujer que se encuentran presos y que fueron excluidos del decreto por el cual se autoriza la detención y prisión domiciliaria.
Según le dijeron los defensores a KienyKe.com, aunque estos ciudadanos fueron condenados por delitos comunes y hacen parte de la población vulnerable, quedaron por fuera del ámbito de protección del decreto por el hecho de encontrarse dentro del listado de exclusiones que establece el Artículo 6.
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Actualmente, se han enviado 4.133 solicitudes de excarcelación transitoria pero solo 613 han sido concedidas. En las diferentes cárceles van más de 900 casos de Covid-19 entre personas privadas de la libertad y personal de guardia.
Por esta razón, los defensores pidieron a la CIDH adoptar medidas necesarias como la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada, con el fin de preservar la salud e integridad de los internos más vulnerables, “evitando así sufrimientos innecesarios y evitar un daño irreparable”.
También solicitaron poner en marcha protocolos para descongestionar las unidades penitenciarias y las comisarías a través de criterios de excarcelación o adopción de medidas alternativas a la privación de la libertad.
Además, aseguraron que es necesario enfrentar el hacinamiento con acciones concretas, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva, con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la cárcel, “dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio”.
