El Senado de Colombia aprobó el pasado 18 de junio la ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes, justo cuando el país está convulsionado por hechos de violencia sexual contra menores de edad.
La discusión se volvió aún más intensa después de que siete soldados se declararan culpables de violar a una niña embera. Además, el pasado fin de semana se conoció la denuncia de una niña de 15 años, de la comunidad indígena nukak makú, en el Guaviare, que habría sido secuestrada, violentada y abusada por un grupo de militares en septiembre de 2019.
Las denuncias trajeron a la luz muchos más casos de abusos por parte de las Fuerzas Militares. En total hay 118 investigaciones abiertas por abuso sexual a menores de edad por parte de militares, indicó el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro.
Los hechos hacen cada vez más relevante el cuestionamiento de cómo se pueden reducir los delitos sexuales hacia niños y niñas, así como su impunidad.
El Gobierno de Iván Duque apoyó la iniciativa de cadena perpetua y dio a entender que era una piedra angular en la lucha contra estos crímenes. “Colombia va a tener la cadena perpetua para que esos delitos tengan una sanción ejemplarizante”, dijo el mandatario el día en que se aprobó la reforma constitucional. “Es un mensaje reconfortante que le llega a tantas familias colombianos”, añadió.
A partir del momento en que se publique la ley, el Gobierno tiene un año para adaptar el código penitenciario, el código penal, el código procesal a la reforma constitucional, ya que la Constitución antes no permitía la cadena perpetua. Sin embargo, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia anunció una demanda contra la ley apenas sea publicada, lo que obligaría a la Corte Constitucional a revisarla y, en ese alto tribunal, se podría caer.
Iván Cancino es parte del grupo de abogados que preparan la demanda contra la ley. El penalista, que ha liderado la oposición contra la cadena perpetua por más de siete años, argumenta que esta medida está lejos de ser la solución que Colombia necesita. “El proyecto de ley no se preocupa por la víctima. No trae ninguna solución, ningún complemento de carácter económico, sociológico o psicológico relacionado con el aspecto a recuperar de una víctima de violencia sexual”, dijo el penalista en entrevista con la Agencia Anadolu.
Cancino hizo parte de los 33 académicos y especialistas en derecho penal y criminología que invitó el Senado a dar su opinión en la audiencia antes de aprobar la ley. Ninguno apoyó la cadena perpetua. Además, en Colombia existe un consejo asesor de expertos sobre política criminal y los dos últimos consejos, tanto el último del presidente Juan Manuel Santos como el primer consejo de Iván Duque, recomendaron no seguir adelante con la cadena perpetua.
Los expertos tienen varias razones para oponerse a la ley, pero una de las más importantes es que no hay pruebas de que un mayor tiempo de cárcel disuada a las personas de cometer crímenes o disminuya los niveles de impunidad.
Por ejemplo, el secuestro y la extorsión son delitos que en épocas en que olos grupos paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes estaban en su apogeo, entre las décadas de los 80, 90 e inicios de los 2000, aumentaron mucho. “Se hicieron reformas para subirles las penas y endurecerlas, pero ahí seguían (los delitos) estando presentes”, dice el penalista.
La reforma constitucional que aprobó el Congreso especifica que se podrá revisar la condena a los 25 años, y de ese punto se desprende otro de las inconformidades del experto. Cancino resalta que la nueva ley puede resultar incluso más benéfica para el agresor que la anterior. El abogado explica que, por el principio de favorabilidad, una persona que fue condenada a 60 años de cárcel previo a la ley de cadena perpetua podría pedir la revisión a los 25 años y pedir su libertad con las tres quintas partes de la condena. Las tres quintas parte de 60 son 36 años.
Además, en Colombia hay redención de la pena por estudio y trabajo para cumplir el fin de resocialización. Hoy en día la ley indica que, si un preso hace tres días de estudios le rebajan un día penitenciario. “Con la reforma, una persona podría estar pidiendo la revisión a los 16 años y no a los 27, como estaba anteriormente, entonces le liberaron 10 años de cárcel. El fondo de defender a los niños y hacer las penas más fuertes tampoco se cumple”, añade el penalista.
Otro de los argumentos de quienes se oponen a la cadena perpetua es que distrae la discusión pública de aspectos vitales para proteger a los niños y niñas. Así lo explica Lilibeth Cortés Mora, abogada e investigadora de temas de género. “La violencia sexual no la perpetúan monstruos o personas con enfermedades mentales, sino que es un ejercicio de poder en un contexto de violencias contra las mujeres”, explica la experta.
Para la abogada no es suficiente procesar a un agresor y retirarlo de la sociedad, sino que “es necesario abolir todas las discriminaciones hacia las mujeres no solo en estas representaciones más cruentas relacionadas con los feminicidios y la violencia sexual, sino todas las demás violencias de género que crean el clima que sustenta y permite la ocurrencia de estas situaciones”.
La impunidad
La lucha contra la impunidad y el subregistro de los delitos también ha sido un tema central en el debate. Según un estudio publicado por la ONG Sisma Mujer, el subregistro en los casos de violencia sexual llegaría al 95% en Colombia.
Las cifras de impunidad no se van a disminuir con la ley de cadena perpetua, porque la mayoría de casos ni siquiera llega a etapa de juicio. “Es necesario que la Fiscalía tenga muchas más facultades y presupuesto para dedicarse a investigar los delitos”, dice Cancino.
La falta de denuncias tiene muchas explicaciones. Estudios reseñados por la ONG Save the Children señalan que en la mayoría de los casos los agresores sexuales son personas del círculo cercano de la víctima. Puede llegar a ser quien aporta económicamente en el hogar. “El Estado no tiene hogares de paso, ni seguros de subsistencia para madres que dependen para su ingreso económico del agresor sexual”, dice Cancino.
Solucionar todos los aspectos sociales y educativos que han llevado a tan elevadas cifras de violencia e impunidad requiere mucho más que una ley punitiva. Tanto Cancino como Cortés coinciden en que el derecho penal es una de las respuestas que el Estado tiene que dar hacia la violencia sexual contra las niñas, pero no debería ser la única.
