El caso de los siete soldados del Ejército Nacional señalados de violar a una niña indígena en el departamento de Risaralda ha generado rechazo e indignación nacional. Tanto así, que algunos ciudadanos han pedido que se les imponga una sanción ejemplar, incluso, que los condenen a cadena perpetua, medida aprobada hace unos días por la plenaria del Senado de la República.
El presidente Iván Duque fue uno de los que manifestó su rechazo por la comisión de este tipo de crímenes en contra de los menores de edad. El mandatario le pidió al Ministerio de Defensa apoyar las investigaciones que adelanta la Fiscalía General por este hecho y señaló que, en caso de que los uniformados sean hallados responsables, “hará lo posible para que se les aplique todo el peso de la ley”.
“Me duele que se señale a miembros de la Fuerza Pública de haber cometido una violación de una niña indígena pero vamos a ir hasta el fondo de las investigaciones. Si nos toca estrenar con ellos la cadena perpetua la vamos a estrenar con ellos, y con cualquier persona que quiera pisotear la dignidad de un niño”, afirmó.
Varios expertos han cuestionado estas declaraciones porque aseguran que la cadena perpetua le sería inaplicable a los soldados del Ejército en caso tal de ser condenados por la violación de la menor indígena.
El abogado Rodrigo Uprimny señaló que, aunque es claro que para este tipo de actos se requiere una sanción ejemplar, las declaraciones del presidente Duque “incluyen errores jurídicos protuberantes frente a principios constitucionales básicos”.
Mencionó que, en primer lugar, por principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal, “no puede imponerse cadena perpetua hasta que la ley desarrolle la reforma constitucional que la autorizó y diga específicamente en qué delitos se aplica”.
Por otro lado, indicó que con estas declaraciones el presidente Duque deja de lado la separación de los poderes, pues no es competencia del Gobierno Nacional pedir la cadena perpetua para los uniformados involucrados en este caso.
“Quien finalmente podría imponer la cadena perpetua en un caso concreto es el juez penal y no el gobierno, después de la una acusación de la Fiscalía (...) a quien corresponde decidir si, conforme a la ley, pide cadena perpetua, es a la Fiscalía, no al Gobierno. El presidente no puede siquiera solicitar la cadena perpetua”, trinó.
El abogado Diego Suárez compartió la opinión publicada por Rodrigo Uprimny en su cuenta de Twitter. En diálogo con KienyKe.com explicó que la cadena perpetua no se le podría aplicar a los soldados del Ejército porque, en principio, no se ha cambiado el ordenamiento jurídico y, segundo, por el principio de favorabilidad, el cual señala que, en materia penal, se les debe aplicar a los procesados la ley que les sea más favorable cuando se ha hecho un tránsito legislativo.
“A hoy no existe la cadena perpetua. Que el delito se haya cometido en un momento en el que la cadena perpetua no existía, pues definitivamente asegura que la ley que surja, así sea mañana, nunca se les aplique. Por el principio de favorabilidad se les va a aplicar la ley que estaba vigente al momento de ocurrencia de los hechos. Así que definitivamente eso no va a ser posible”, aseguró.
Según dijo, los que dicen que con los soldados “se inaugurará la cadena perpetua” caen en una grave equivocación, pues esa norma no ha nacido en la vida jurídica y, además, son altas las posibilidades de que no pase su evaluación en el control de constitucionalidad.
Además, dijo que, con estas declaraciones, el gobierno se metió en una rama que no le compete. “Hay que esperar a que termine la investigación. Hacer una afirmación como esas de que ‘vamos a estrenar una ley con estos soldados’ es muy peligroso, porque de alguna forma se está invadiendo la órbita de una rama distinta que es la judicial”, afirmó.
Soldados aceptaron los cargos imputados
Los siete soldados del Ejército Nacional señalados de violar a una niña embera en el departamento de Risaralda aceptaron cargos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, seis en calidad de autores y otro en calidad de cómplice.
El fiscal general Francisco Barbosa, por su parte, dijo que la entidad "no cederá ante la violación de los derechos de los menores de edad" y, además, aseguró que este es un día muy importante porque se logró la judicialización de estos soldados en un tiempo récord.
"Le quiero decir a los ciudadanos, a los padres de familia y a la ciudadanía que el fiscal general está en los territorios. No está confinado y sus funcionarios están en las calles trabajando para la gente", manifestó.
Barbosa explicó que estas personas están siendo procesadas bajo la ley actual y que se podrían enfrentar a una pena entre los 16 y los 30 años de prisión.
