La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra la excongresista Aída Merlano por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte ilegal de armas dentro del escándalo de compra de votos en la costa atlántica.
En esta decisión de segunda instancia se le rebajó su sentencia, pues el alto tribunal fijó la pena definitiva de 11 años y 4 meses de prisión en lugar de los 15 años de cárcel que inicialmente le habían sido impuestos.
La Sala de Casación Penal remitió la sentencia a la Mesa Directiva del Senado de la República para que aplique la silla vacía a la curul de la hoy condenada.
También expidió copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la posible omisión de hacer efectiva esta figura cuando la electa senadora Aída Merlano fue capturada en 2018.
La Corte Suprema indicó que en la providencia se desvirtuaron los ataques hechos por la defensa de Aída Merlano contra las pruebas y fundamentos jurídicos de la Sala Especial de Primera Instancia para declararla responsable como autora de los tres delitos por los cuales fue condenada.
Para la alta corte, Aída Merlano torció la voluntad del sufragante y consiguió una elección ilegítima en 2018. "Lo que se evidencia, entre otros descubrimientos, en el video que registra su enfado hacia el patrocinador de su campaña y promotor de sus ambiciones (Julio Gerlein Echevarría) por no entregarle la suma ofrecida para sobornar al elector", aseguró.
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Según la Sala, la “organización política” de la excongresista mutó en una organización ilegal que ejecutó ilicitudes en un periodo específico con vocación de permanencia.
"No hay duda que el grupo político encubrió una asociación ilegal conformada por funcionarios públicos y particulares para garantizar su elección el 11 de marzo de 2018", dijo.
Además, indicó que la excongresista aprovechó a plenitud y sin escrúpulo los réditos que le significaba actuar como representante a la Cámara y candidata al Senado con el apoyo del llamado “Clan Gerleín”, condición que le permitió “confabularse con reconocidos empresarios, políticos del más elevado nivel y con otros con influencia regional, para aprovechar los recursos públicos de orden municipal en su beneficio”.
