En un giro sorpresivo, Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar colombiano, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Según Mancuso, a pesar de que se han emitido varias boletas de libertad a su favor, el Inpec no ha ejecutado ninguna, lo que lo mantiene injustamente privado de su libertad.
En declaraciones recientes, Mancuso afirmó que su situación se debe a omisiones deliberadas por parte de funcionarios del Inpec, quienes no han actualizado adecuadamente su cartilla biográfica y hoja de vida. Esto ha llevado a que figurasen anotaciones que no corresponden a medidas de aseguramiento vigentes, sino a citaciones a versiones libres y diligencias judiciales normales, que no tienen validez legal para restringir su libertad.
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El exparamilitar asegura haber solicitado en múltiples ocasiones al Inpec que clarifique esta situación con las autoridades pertinentes durante más de 130 días, sin obtener una respuesta satisfactoria. Incluso, mencionó que el director encargado de la cárcel La Picota le informó que no había ninguna medida de aseguramiento vigente en su contra, contradiciendo información posterior que indicaba lo contrario.
En sus palabras, Mancuso denunció: "El complejo carcelario de La Picota no ha sustanciado de manera adecuada mi cartilla biográfica y hoja de vida, prolongando ilegalmente mi privación de libertad. Se basan en medidas de aseguramiento no vigentes y sin validez legal, vulnerando mis derechos fundamentales y negándome arbitrariamente la libertad".
Además, Mancuso alega que se han vulnerado al menos 11 de sus derechos, incluyendo el de la libertad, igualdad, defensa y debido proceso, entre otros. Por esta razón, exige que se investigue a los funcionarios del Inpec y La Picota que puedan tener responsabilidad en este caso, y solicita que se cumplan las boletas de libertad emitidas a su favor por las autoridades judiciales.
La denuncia de Mancuso ha levantado serias críticas contra el Inpec, cuestionando su capacidad para administrar la justicia penitenciaria de manera justa y conforme a la ley. Este caso promete generar un intenso debate sobre el respeto a los derechos de los reclusos y la responsabilidad de las instituciones encargadas de la custodia y el cumplimiento de las decisiones judiciales.
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El Inpec aún no ha emitido declaraciones públicas al respecto, pero se espera una respuesta formal ante las graves acusaciones presentadas por Salvatore Mancuso, quien sigue insistiendo en su derecho a la libertad tras haber cumplido con las condiciones legales impuestas por la justicia colombiana.
