La controversia en torno a la reciente elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia ha tomado un nuevo giro. La Procuraduría General ha solicitado nuevamente al Consejo de Estado que suspenda de manera provisional a Múnera en el cargo para el periodo 2024-2027.
Esta solicitud surge en el contexto de una demanda presentada por Augusto Hernández Becerra el pasado 20 de junio de 2024, en la que se busca la nulidad electoral y la suspensión de la designación de Múnera, que fue aprobada por el Consejo Superior Universitario (CSU) el 6 de junio de 2024.
La intervención de la Procuraduría se fundamenta en la necesidad de proteger los principios de presunción de legalidad, los cuales fueron cruciales en la elección del anterior rector, José Ismael Peña Reyes, el 21 de marzo de 2024.
Este proceso, que estuvo marcado por la realización de Asambleas Permanentes y protestas que incluyeron bloqueos en la Avenida El Dorado en Bogotá, dejó una huella importante en la comunidad universitaria y en el manejo administrativo de la institución.
Idairys Yolima Carrillo, procuradora general, ha expresado que la designación de Múnera debe ser suspendida para asegurar la confianza legítima y la seguridad jurídica de los votantes que apoyaron la elección de Peña. “Adoptar una posición contraria podría limitar el derecho constitucional a elegir y ser elegido”, afirma Carrillo en el concepto enviado al Consejo de Estado.
La solicitud de suspensión provisional se produce en un momento crítico, ya que el Consejo de Estado debe decidir si acepta o no las medidas solicitadas por la Procuraduría. La decisión del Alto Tribunal no solo tendrá un impacto inmediato en la administración de la Universidad Nacional, sino que también sentará un precedente sobre la forma en que se manejan las elecciones en instituciones de educación superior en Colombia.
Además de la demanda presentada por Hernández Becerra, otros abogados, Martín Emilio Cardona Mendoza y Juan Esteban Galeano Sánchez, también han interpuesto quejas similares, las cuales han sido respaldadas por la Procuraduría con un concepto positivo que aboga por la suspensión provisional de Múnera.
La comunidad universitaria está a la expectativa de la decisión del Consejo de Estado. Las tensiones han aumentado, y varios sectores del campus han expresado su preocupación por la estabilidad administrativa y académica que podría verse afectada por este proceso legal.
En este sentido, es relevante mencionar que la Universidad Nacional ha sido un espacio de diálogo y debate en el país, donde las decisiones políticas y administrativas siempre han estado en el centro de la atención pública. La situación actual no es una excepción, y se espera que tanto los estudiantes como los docentes se pronuncien al respecto en las próximas semanas.
