El presidente de Avianca, Adrián Neuhauser, y el vicepresidente jurídico, Richard Galindo, habrían salido de Colombia en las últimas horas, luego de ser requeridos por las autoridades para algunas diligencias. La Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio analizan cuáles podrían ser las responsabilidades legales en caso de que se hubiera ordenado una suspensión de la operación de Viva Air para presionar la integración solicitada en agosto de 2022.
Sin embargo, desde la aerolínea informaron que el viaje estaba programado desde tiempo atrás y que los empresarios atenderán los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio virtualmente.
Por esta razón, la Superintendencia de Industria y Comercio visitaron las sedes de Avianca en Bogotá y la de Viva Air en Rionegro, Antioquia con el fin de recuperar documentos que puedan dejar en evidencia si alguno de los altos mandos fue quien ordenó suspender la operación.
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Y es que esto dejó afectados a cientos de usuarios que ya habían comprado sus tiquetes y se quedaron varados en los diferentes aeropuertos del país. Este operativo se realizó con el fin de determinar cómo se emitieron las órdenes de la cancelación de vuelos por parte de Viva Air, ya que se encontró que la aerolínea vendió más de cinco mil tiquetes el pasado lunes 27 de febrero, el mismo día en que ordenaron la suspensión de sus operaciones.
Ante esto, la Supersociedades anunció que "no existe ninguna solicitud de admisión a reorganización ni liquidación judicial por parte de Viva Air, ante esta Entidad ni tampoco ha sido solicitado por la Superintendencia de Transporte”.
Así mismo, la Superintendencia de Transporte decidió abrir una investigación administrativa y formuló cargos contra Viva Air por el "presunto incumplimiento" de la ley "debido a la suspensión súbita de sus operaciones" el pasado 27 de febrero "afectando a los usuarios que ya contaban con reservas emitidas y confirmadas".
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La entidad también impuso una "medida administrativa" en la que le ordena a Viva "que desarrolle un plan de atención a usuarios con el propósito de enfrentar la situación presentada con esta decisión".
La superintendente de Transporte, Lucy Ospina Arias, dijo que buscan proteger a 466.604 usuarios que tenían reservas confirmadas al 27 de febrero, fecha de la suspensión de las operaciones de Viva.
Igualmente verificó en la página web de la aerolínea que se continuaban vendiendo tiquetes, y que para la misma fecha, ya se habían vendido 5.750 reservas.
El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que de ser necesario podría intervenir el mercado aéreo a fin de garantizar que los actores del mercado de la aviación se comprometan a seguir operando en condiciones que beneficien a los usuarios.
