Organismos internacionales cuestionaron el papel de la fuerza pública y decisiones del Gobierno colombiano durante las protestas que vive el país desde el miércoles pasado.
El relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Voule, dijo este lunes estar “alarmado por informes sobre el uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad contra manifestantes” en Bogotá, Cali y Popayán.
“Hay 9 muertos desde el 28/04. Dichas fuerzas deben abstenerse del uso excesivo de la fuerza y los responsables rendir cuentas. También estoy alarmado por el número de policías heridos y pido a los responsables que se abstengan de cualquier tipo de violencia”, dijo Voule en Twitter citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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La Oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Colombia manifestó su “preocupación” por la situación de derechos humanos en al menos nueve ciudades colombianas.
“Frente a casos de violencia recordamos que según normas internacionales, los Estados están obligados a respetar y proteger los DDHH. El marco normativo que rige empleo de fuerza incluye principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”, dijo la Oacnudh a través de Twitter.
La oficina también expresó sus condolencias a los familiares de “las personas que han muerto en el marco de las manifestaciones” y pidió “investigación, juzgamiento y sanción de todos estos asesinatos”. Además, indicó que da seguimiento a la situación y a “posibles violaciones” durante las protestas y apoya la búsqueda de desaparecidos y detenidos.
El domingo, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, también manifestó su “enorme preocupación por la situación en Colombia”.
“Reitero mi llamado urgente a que la protesta sea pacífica y las fuerzas de seguridad respeten los DDHH. Hemos podido confirmar 6 muertes relacionadas con las protestas”, dijo Vivanco en Twitter.
A continuación, escribió los nombres de las víctimas: Marcelo Agredo Inchima (Cali) y Cristian Alexis Moncayo Machado (Cali), el 28 de abril; capitán de Policía Jesús Alberto Solano Beltrán (Soacha) y Miguel Ángel Pinto Mona (Cali), el 29; Einer Alexander Lasso Ocampo (Cali), el 30; y Santiago Triviño (Ibagué), el 1 de mayo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció por la decisión del presidente Iván Duque de desplegar militares para reforzar la seguridad ciudadana en las ciudades ante la situación de orden público.
“La #CIDH reitera las obligaciones internacionales del Estado sobre seguridad interna y estándares interamericanos que disponen que la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”, dijo el organismo americano en la misma red social.
La Comisión recalcó que los Estados deben “respetar, proteger, facilitar y promover el derecho a la protesta social, y que todo uso legítimo de la fuerza debe observar principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) rechazó “todo hecho de vandalismo y de uso desproporcionado de la fuerza pública” e hizo un llamado al Estado a “generar garantías para la manifestación y a quienes se movilizan a mantener todas sus expresiones de manera pacífica”.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) informó que conoció “18 agresiones contra la prensa en el contexto de las manifestaciones del #1M (Día del Trabajo)”, siendo la “fuerza pública -nuevamente- el principal agresor”.
“La seguridad y libertades civiles en el marco de la protesta se garantizan con la máxima publicidad de información y la libertad de prensa; no con el despliegue de fuerzas armadas. Esto genera un ambiente represivo y nefasto para la libertad de expresión”, dijo la organización.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, no se ha pronunciado por la difícil situación en Colombia luego de seis días consecutivos de protestas, algo que ha sido criticado por el expresidente boliviano Evo Morales.
“Mientras el pueblo colombiano sufre graves violaciones a sus derechos humanos, @Almagro_OEA2015 calla cínicamente. Latinoamérica necesita una #OEA comprometida con el bienestar de sus pueblos y no vendida a intereses imperialistas. Nuestra solidaridad con el pueblo de #Colombia”, dijo Morales en la red social.
El último informe de la Defensoría del Pueblo cifró en 19 el número de fallecidos en el marco del paro nacional, en hechos registrados en las ciudades de Bogotá, Neiva, Cali, Soacha, Yumbo, Ibagué, Madrid, Medellín y Pereira.
