La Fiscalía General de la Nación imputó a otros siete exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presuntamente implicados en irregularidades contractuales cometidas en la construcción de un tramo de la llamada Ruta del Sol II, en el caso de corrupción de la firma brasileña Odebrecht.
Un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht presentó ante un juez con función de control de garantías de Bogotá a estos exfuncionarios, quienes habrían "proyectado, revisado, tramitado y aprobado cinco otrosíes" para construir un tramo de 528 kilómetros entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar).
Estas acciones "generaron beneficios técnicos, jurídicos y financieros al concesionario del cual hacía parte la constructora Odebrecht", informó la Fiscalía por medio de un comunicado.
Los imputados son Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, vicepresidenta administrativa; y Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración. Además de los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez.
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Los acusados "habrían vulnerado los principios de transparencia, economía y responsabilidad debido a que los otrosíes no contaban con estudios sólidos técnicos de conveniencia, ni de planeación", indicó la Fiscalía.
Las pruebas apuntan a que las adiciones permitieron una ampliación de los plazos para la ejecución de algunos tramos de proyectos, con lo cual el concesionario evitó procesos sancionatorios y dejó de pagar multas superiores a 35.883 millones de pesos (unos 9,1 millones de dólares de hoy) por incumplimientos.
Además, se presume que se modificaron aspectos técnicos y formas de pago, permitiéndole al concesionario acceder a un anticipo de 17.823 millones de pesos (unos 4,5 millones de dólares) al que no tenía derecho y obtener mayor flujo de caja, lo que habría causado un perjuicio financiero a la ANI por más de 2.227 millones de pesos (unos 566.000 dólares).
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los presuntos responsables el delito de interés indebido en la celebración de contratos, cargos que no fueron aceptados por ninguno de los procesados.
