Un grupo de exministros de Defensa de Colombia, generales de la cúpula militar y de la Policía, así como el exconsejero presidencial para la seguridad nacional , Rafael Guarín y el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el general (r) Rodolfo Amaya, del gobierno del expresidente Iván Duque, emitieron un comunicado en respuesta a las acusaciones sobre la supuesta adquisición del software de espionaje "Pegasus" en su administración. El documento, firmado por altos funcionarios del gobierno Duque, defiende que el aparato de seguridad del Estado habría actuado con total transparencia y estricto apego a la ley.
Entre los firmantes del comunicado se encuentran varios de los más altos cargos de la administración de seguridad del gobierno Duque, empezando por los ex ministros de Defensa, Guillermo Botero y Diego Molano, quienes ocuparon la cartera en diferentes momentos.
El comunicado inicia afirmando que, bajo el mandato del expresidente Iván Duque Márquez, se establecieron directrices claras y explícitas para todos los funcionarios del gobierno, de que debían actuar en estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes colombianas. Según los firmantes, esto fue una constante en la toma de decisiones y en la implementación de políticas de seguridad a lo largo del gobierno de Duque.
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Los exfuncionarios recalcan que todo el aparato de seguridad del Estado fue utilizado exclusivamente para combatir el crimen organizado y contrarrestar amenazas a la seguridad nacional, sin desviar recursos o acciones hacia fines diferentes a los establecidos en la ley. Así las cosas, aseguran que en ningún momento se ordenó la adquisición de tecnología de vigilancia que pudiera estar asociada con violaciones a la privacidad de los ciudadanos.
Rechazo a la adquisición de "Pegasus"
Uno de los puntos centrales del comunicado es la respuesta directa a las especulaciones sobre la supuesta adquisición del software "Pegasus" por parte del Estado colombiano durante el gobierno de Iván Duque. Este software ha estado en el centro de diversas controversias internacionales, relacionadas con el espionaje a periodistas, activistas y líderes políticos. Ante estas informaciones, los exfuncionarios de la administración Duque aseguran que no existe ningún registro de una compra de este software por parte de Colombia.
“Desde la Presidencia de la República, nunca se ordenó la adquisición del software denominado "Pegasus" por parte del Estado Colombiano. El expresidente Iván Duque Márquez no participó en algun proceso de adquisición de bienes y servicios estatales”, dice la carta.
El comunicado afirma que ni desde la Presidencia de la República, ni desde ninguna otra entidad del gobierno, se ordenó la adquisición de "Pegasus" y que la instrucción a todas las entidades, según los firmantes, fue seguir estrictamente los lineamientos de contratación estatal con el objetivo de garantizar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.
Prueba de ello, aseguran, es que no se ha encontrado nada que pueda concluir lo contrario en distintas investigaciones adelantadas por el propio Ministerio de Defensa y la Dirección de Inteligencia de al Policía Nacional, así como no hay registro tampoco en el SECOP.
Así las cosas, con esta comunicación, el gobierno Duque responde a las acusaciones públicas que se han hecho desde la misma presidencia de la República, en cabeza del presidente Gustavo Petro, quien incluso salió en una alocución leyendo un documento (que no ha sido revelado al público) en el que se dan datos de unas supuestas transferencias por más de 10 millones de dólares para la supuesta compra de Pegasus a Israel.
Sin embargo, este ha sido un tema de no poca polémica. De hecho, se sabe que por cuenta de esa revelación pública de un documento de alta confidencialidad entre países, Colombia fue suspendido del Grupo Egmont, una organización internacional que promueve la cooperación e intercambio de inteligencia en más de 100 países.
"Debido a la publicación desautorizada de un documento prohibido por uno de nuestros miembros, Egmont Gropup ha tomado la decisión de suspender oficialmente a la UIAF Colombia del acceso al canal seguro de Egmont, en el que se encuentran las agencias de inteligencia financiera de 177 países y es el mecanismo con el cual se comparte información relacionada al lavado de activos y actividades terroristas”, se lee en el comunicado del Grupo.
Sin embargo, más allá de eso, también existen cuestionamientos desde varios sectores políticos sobre la información revelada por el presidente, ya que si bien incluyó datos como números de cuentas y de transferencias bancarias, por otro lado especuló sobre dinero en físico transportado en aviones oficiales del Estado. Muchas de ellas, acusaciones de las cuales aún no se conoce prueba alguna.
