Este jueves, la Fiscalía General de la Nación citó formalmente al director del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), Mauricio Lizcano, para ampliar las denuncias sobre el presunto saqueo a los recursos de la paz denunciado en medios meses atrás.
El mismo fiscal Francisco Barbosa, durante el XII Conversatorio Nacional de la Especialidad Civil y Familia que se lleva a cabo en Bucaramanga, anunció la solicitud hecha por el ente acusador al director del DAPRE.
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La diligencia se llevará a cabo este viernes 19 de agosto en la sede de la Fiscalía General de la Nación.
“Hemos citado el día de mañana al director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), para que asista a la Fiscalía General de la Nación con el propósito de que amplíe las denuncias que realizó la semana pasada, y que precise, contratos, fechas, circunstancias de tiempo, modo y lugar de actos de corrupción que se han denunciado públicamente”, dijo Barbosa este jueves.
Cabe recordar que Lizcano aseguró durante una entrevista a la revista Cambio que en el DAPRE encontró “mucho desorden institucional”.
Escándalo por recursos de la paz
En los últimos días, se conoció un supuesto sofisticado mecanismo de corrupción, entre algunos funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Contraloría General de la Nación y algunos Congresistas, mediante el cual se habrían apropiado de aproximadamente medió billón de pesos.
Según las denuncias presentadas, los involucrados en este hecho de corrupción habrían cobrado diferentes comisiones, de hasta el 5%, para que algunos de los proyectos presentados fueran aprobados y ejecutados con mayor eficacia.
Este hecho se ve supuestamente agravado al conocer que hubo aprobaciones de proyectos que no contaban con consultorías y obras que no tenían aprobación de autoridades regionales o permisos de entidades como Invias.
“En este estudio también se analizó la inversión destinada a la implementación del Acuerdo Final de Paz y se identificaron proyectos que fueron admitidos por el Ocad Paz sin la debida verificación de los requisitos indispensables establecidos en el Concepto Único Sectorial, a la luz de la Ley 2056 de 2020 para su respectiva priorización, aprobación y posterior contratación y ejecución”, explica la Contraloría.
Adicionalmente, la periodista Valeria Santos expuso que este monto se habría logrado porque durante este gobierno se terminó adelantando el presupuesto de regalías de los próximos 10 años, según el Comisionado Emilio Archila, quien era el presidente del OCAD-PAZ.
En razón de ello, el OCAD-PAZ entregó 4.4 billones en el 2021 para los municipios PDET, sin embargo, el criterio de asignación habría estado mediado, según testimonios de alcaldes, por coimas para algunos funcionarios que podían incidir en el proceso de visibilización.
En este sentido, se reconoció que las entidades regionales que tienen mayor asignación de recursos son Bolívar, con $243.000 millones; Cauca, con $222.000 millones; y Guaviare, con $203.000 millones. A esta lista se suman los municipios de Valencia, $135.000 millones); Fonseca, $123.000 millones; y Pueblo Bello, $115.000 millones.
“Lo que más llamó la atención de la Contraloría fue que los 8 proyectos y sus estudios fueron elaborados por la misma persona, a título de donación y sin vínculo contractual con las administraciones auditadas, configurándose una posible malla contractual, con el mismo formulador y una misma empresa contratista para todos los municipios camuflada en distintas uniones temporales”, indicó la entidad.
